La grave crisis ferroviaria que atraviesa Cataluña, aún lejos de solucionarse y con un traspaso competencial a medias, parece haber despertado a Carles Puigdemont, que ha visto una ventana de oportunidad para revertir las nefastas encuestas que colecciona su partido de unos meses a esta parte.
Su enmienda a la totalidad de la gestión del Govern capitaliza parte del lógico malestar social, pues ERC no deja de ser socio del Ejecutivo y Aliança Catalana apenas ha gesticulado. Y sus grandilocuentes proclamas –del tipo “Cataluña no va”, como aseguró el sábado en un mítin– podrían sugerir que nada tiene que ver Junts con el caos de Rodalies.
En el consejo de Renfe
Pero nada más lejos de la realidad, teniendo en cuenta que la falta de inversiones que ahora denuncian también se produjo durante sus largos años al frente de la Generalitat.
Y que, como recordó ayer Crónica Global, el partido posconvergente está presente en el consejo de administración de Renfe, donde colocaron a un economista afín.
La maniobra se produjo en diciembre de 2024 y, cabe recordar, responde al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.
En el que Waterloo antepuso la incorporación de peones en distintas empresas públicas de titularidad estatal, como la operadora de los trenes, a, por ejemplo, exigir más recursos para su polémico servicio en Cataluña.
1.000 euros por reunión
Eduard Gràcia, profesor en la Universidad de Barcelona y vinculado a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), cobra además alrededor de 1.000 euros por cada reunión del consejo –una al mes, salvo en agosto– y se le sufraga además el viaje en AVE a Madrid y la correspondiente noche de hotel.
Los encuentros, explican fuentes cercanas, duran solo tres horas.
11.994 euros anuales brutos que ha constatado este medio de documentación oficial son los que se embolsa este vocal de Renfe sin que se le conozca oposición a la línea de la empresa que preside el socialista Álvaro Fernández Heredia. Fuentes próximas a Junts, no obstante, apuntan que se ha manifestado en línea con los planteamientos de Junts en las distintas votaciones internas, que son secretas–.
Ese monto se suma a los 125.000 que cobra Pere Soler en la CNMC, los 100.000 de Mikimoto en RTVE, los 120.000 del exconseller Ramon Tremosa en Aena o los 75.000 de Elena Massot en Enagas.
Aunque podrían ser más, aseguran las mismas fuentes. Pues habría fichajes negociándose, explican, pese a la ruptura política con el PSOE.
Seis años en el cargo
En el caso de Gràcia, se trata de un cargo con un límite de seis años en el que conviven perfiles técnicos con, como él, cuotas políticas. De todos modos, se presupone un alto conocimiento en la materia al conjunto de miembros del consejo.
Esta podría justificarse, en lo que a Gràcia se refiere, por su dilatada experiencia en el mundo empresarial y académico.
Pero desde el plano ético, es más difícil de justificar. Primero porque incumplió el propio código de conducta interno al participar en una ponencia de la ANC criticando el servicio de Rodalies cuando llevaba apenas unos pocos días como vocal del nuevo consejo, que se renovó ampliamente al mismo tiempo que él entró.
Y en segundo lugar porque, pese a que Junts razona que estos peones tienen la función de "velar por los intereses de Cataluña" –es decir, su agenda nacionalista–, cuando se materialice la nueva empresa mixta de Rodalies se tomarán todas las decisiones respecto a la red de cercanías catalana desde Barcelona y no desde la capital, como hasta ahora.
Batet, detrás de la jugada
Según explican fuentes conocedoras, quien estuvo detrás de este nombramiento y de todos los demás –también los que están en el aire– fue Albert Batet, líder del grupo parlamentario en el Parc de la Ciutadella hasta hace unos meses y hoy adjunto a la dirección del partido.
Se trata del nexo de la formación con el empresariado, también el de Madrid.
Su nuevo rol, destinado a equilibrar contrapesos internos y a facilitar el regreso de Puigdemont, previsto para los próximos meses, también tiene esta función.
Es una figura de la máxima confianza del expresident y bien conectado con los círculos de poder, donde, pese al discurso rupturista, los independentistas quieren estar presentes como hacía la antigua CiU.
Incoherencia
A nivel interno, no son pocas las voces que admiten una cierta incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Algunos esperaban que la performance de Perpiñán en la que Junts rompió de forma oficial con el Gobierno, consultándolo además con sus bases días después, fuera de la mano de la salida de sus peones en las distintas empresas públicas.
Pero ni ha sucedido ni se espera que suceda, pese a las múltiples críticas de los posconvergentes a Renfe con motivo del accidente mortal de Gelida y su posterior paralización del servicio de Rodalies.
Con la falta de credibilidad que esto conlleva de cara a la opinión pública, que consideran sesgada por la "propaganda" del Govern.
Gràcia no ha respondido a este medio cuando se le ha preguntado por ello. Y desde el partido tampoco han querido hacer ninguna valoración de forma oficial sobre la cuestión al cierre de esta edición.
Sin alternativas
La crisis, en cualquier caso, les ha servido a Junts para colocar en el ojo del huracán a la consellera Sílvia Paneque, un blanco fácil mientras el president Salvador Illa está de baja.
Pero, una vez más, sin propuestas alternativas. Ni siquiera una moción de censura, como cabría esperar del principal partido de la oposición si tan indignado está.
El alcance del caos –el servicio se retoma parcialmente este lunes, pero hay una huelga de maquinistas prevista a principios de febrero–, marcará, asimismo, la deriva política de los próximos meses.
Con presupuestos aún por negociarse, una financiación acordada pero en stand by y cada vez más promesas del Govern que sin recursos no pueden cumplirse.