Las elecciones municipales de 2027 no quedan tan lejos y se presentan como una prueba decisiva para medir la proyección del partido a medio plazo. Por ello, Aliança Catalana ha comenzado a desplegar su plan político en Barcelona.
Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll y diputada en el Parlament, reconoce que Barcelona es un entorno poco favorable para una formación independentista de extrema derecha, aunque confía en que la ciudadanía termine respaldando su propuesta. El primer paso relevante de esta ofensiva se centra en uno de los ejes tradicionales del nacionalismo: la lengua.
700 denuncias
Bajo el lema “Salvem el català”, Aliança ha presentado 700 denuncias contra comercios que no rotulan en catalán, tal como exige la Ley de Política Lingüística de 1998. La normativa establece que la señalización fija, los carteles de información general y la documentación de oferta de servicios deben estar redactados, como mínimo, en catalán.
La formación inició en septiembre la recopilación de casos de establecimientos incumplidores y trasladó las denuncias a la Agencia Catalana del Consumo. Desde la cúpula del partido aseguran que, transcurridos ya tres meses desde las primeras reclamaciones, el organismo de la Generalitat no ha respondido a ninguno de los expedientes. Por ello, AC anuncia que mantendrá el seguimiento hasta obtener una contestación formal, pese a que este tipo de procedimientos suele resolverse en un plazo de entre tres y seis meses.
Acusaciones al Govern
Aliança acusa al Govern presidido por Salvador Illa de recurrir al “silencio administrativo”, una actitud que, a su juicio, demuestra la escasa relevancia que se concede a una infracción que vulnera los derechos lingüísticos y debilita la presencia del catalán en el espacio público.
Paralelamente, Plataforma per la Llengua ha informado de que, por primera vez, ha recibido más de 3.000 denuncias en un solo año por discriminación lingüística contra catalanohablantes. A falta de cerrar los datos de 2025, la entidad destaca que el ritmo actual —más de ocho denuncias diarias— supone un incremento superior al 650% respecto a hace diez años. El sector de la hostelería concentra una de cada cuatro quejas y, dentro del ámbito público, la sanidad casi el 40%.