En las postrimerías del 50 aniversario de la muerte de Franco, un pueblo de Barcelona ha presentado una demanda al Estado para pedir “la reparación de los bienes públicos expoliados por el franquismo”. Se trata de Caldes de Montbui, villa termal por excelencia de Cataluña, que aspira al ingreso de esos 48.000 euros que le quitó el dictador.
Antes, en 2019, lo intentó Sant Julià de Ramis (Girona), sin éxito, pero fue una acción anterior a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Tras su aprobación en las Cortes, el pueblo gerundense explora otras vías para volver a reclamar. Pero, en esta ocasión, Caldes de Montbui se ha adelantado con una acción llamativa.
Casi 29.000 pesetas
Su alcalde, Isidre Pineda (ERC), argumenta que el momento es ahora porque es ahora cuando han tenido conocimiento detallado y documentado del expolio del franquismo. En conversación con Crónica Global, explica que el monto asciende a 70.000 pesetas, aunque solo pueden reclamar una parte de esa cantidad, 28.925,7 pesetas del 1939.
Es decir, el equivalente a 48.000 euros de hoy, correspondientes al dinero confiscado a cuatro organismos municipales. Por el contrario, Caldes no puede exigir la reparación de los bienes requisados a particulares y empresas, pero ha abierto la Oficina de Memoria Democrática, sita en el Museu Thermalia, para facilitar este fin.
El alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, en Madrid
Años de estudio
La demanda la presentó el mismo Pineda esta semana en Madrid, pero se cocina desde hace tiempo. Fue en noviembre del 2022 cuando el ayuntamiento inició una investigación para identificar a las víctimas de este modelo de represión franquista. La vehiculó por medio de Neus Moran a través de la concejalía de Patrimonio y Memoria Democrática.
Moran, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, le dedicó horas al estudio Las víctimas del expolio franquista en Caldes de Montbui, 1939-2023, en el que se basa la demanda. Y concluyó cómo se planificaba y ejecutaba la requisa patrimonial de las personas físicas y jurídicas calificadas por el Movimiento como “desafectas”.
La cestería Poble, en 1920
Cerca de 200 causas
Ha podido documentar que fue el alcalde Isidre Anglí Palaudarias, designado por las tropas franquistas, quien se encontraba en la cúspide de esta estructura de poder, así como que la mayoría de los procesos de expolio partían de denuncias que se iniciaban en el mismo pueblo contra las personas y sus familias.
De este modo, se han localizado más de 180 procedimientos judiciales militares y 29 expedientes instruidos por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas –para una localidad que entonces contaba con 5.000 vecinos, frente a los casi 19.000 de ahora–. Entre ellos, se cuentan 55 personas físicas víctimas directas del expolio; 22 fueron fusiladas.
Antigua tienda de licores de Caldes de Montbui
Víctimas del expolio
También se confiscaron la cestería de Ramon Poble Calveras y Eulàlia Tura Casas, la fábrica de licores y bodega de Josep Fontcuberta Rogés, la imprenta y litografía de Joan B. Pobla Aguilera, el taller y fábrica de armamentos de la Unió Metal·lúrgica de Isidre Pagès Riera, y la fábrica de armamentos de Joaquim Cerdà Puñet.
Todos estos casos están registrados y documentados, aunque Caldes poco más puede hacer que recordarlos. En cambio, sí está legitimado para reclamar los 48.000 euros requisados a los organismos municipales, para lo que cuenta con el abogado Daniel Vallès y con el consultor Dídac Leiva, ambos asociados a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Sindicat Agrícola de Caldes de Montbui
El coste del proceso
Por cierto, el convenio con la UAB le cuesta unos 4.000 euros al consistorio, mientras el informe ha contado con una partida de entre 2.000 y 3.000 euros, a lo que hay que añadir la edición de un libro y una exposición, y el viaje a Madrid para presentar la demanda. Sin contar con los posibles recursos a la Audiencia Nacional y a Europa si el Gobierno no atiende la demanda.
Lejos, sea como sea, de los 48.000 euros que se pretenden recuperar. “No es solo por el dinero; es un acto de justicia, de memoria y de respeto a las víctimas del franquismo”, defiende Pineda, quien afirma que utilizarán el dinero expoliado para desarrollar más políticas de memoria histórica y estudiar otros capítulos del pueblo, como la transición, que puedan sumarse a la historia conocida de las termas romanas, la Font del Lleó y el Cristo en Majestad.