La Generalitat pone en marcha la elaboración de una de las principales leyes de la reforma de la Administración para simplificar y acelerar los trámites urbanísticos y ambientales en Cataluña, con la aprobación de la memoria preliminar del anteproyecto como primer paso formal.
El texto define los problemas a atacar: procedimientos “desmedidamente largos”, exceso de informes y cargas burocráticas que frenan inversiones y retrasan proyectos de vivienda, industria o energías renovables.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha anunciado este jueves en comisión parlamentaria que el Consell Executiu prevé dar luz verde a esta memoria en la reunión del próximo martes, lo que abrirá la puerta a la redacción del anteproyecto de ley y a una consulta pública previa antes de llegar al Parlament.
"Necesidad de país"
El conseller ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios --que están llamados a aprobar la ley en la Cámara-- al recordarles que "reformar en profundidad el sistema público es una necesidad de país". También que "el inmovilismo" ante las "dificultades que frenan la actividad económica y el trabajo de los funcionarios" no es una opción.
Precisamente, Dalmau ha agradecido el "tono constructivo" que asegura haber encontrado en los partidos, llamando a revalidar el "amplio consenso" que despertó la primera victoria del proceso de reforma en el Parlament, cuando este reconoció el derecho al error de los catalanes en la cumplimentación de trámites, eliminó la cita previa eliminatoria e impulsó la simplificación del lenguaje en las comunicaciones. Formaciones tan distintas como Junts y PP dieron su apoyo, al tiempo que ningún grupo votó en contra.
"Esos apoyos amplios quieren decir que estamos tocando las teclas adecuadas", ha celebrado, abogando por "hacer más fácil la vida de los ciudadanos, administraciones y empresas". "No puede ser que pasemos más tiempo moviendo papeles que construyendo un edificio, o que haya industria que quiera venir a Cataluña y se encuentre una tramitación tan farragosa, y ya no hablemos de las ayudas al tercer sector", ha agregado.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (c), y el conseller de la Presidència, Albert Dalmau (i), llegando a la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 7 de octubre de 2025, en Barcelona
Nueva web
El rediseño de 170 trámites --31 de ellos considerados prioritarios-- ha permitido al Ejecutivo que preside Salvador Illa resolver los 16.000 expedientes del plan de movilidad eléctrica MOVES III, y reducido el plazo de los pagos en tres meses. También reducir un 20% la saturación de las oficinas de atención habilitando la descarga online de los títulos de familia monoparental y numerosa, la expedición de 15.000 credenciales para la homologación de títulos extranjeros no universitarios y la transformación de 500 formularios del formato PDF a web.
Además, Dalmau ha anunciado que la Generalitat tendrá una nueva web simplificada en enero, después de una auditoría externa. No obstante, también ha reconocido que "con estos cambios substanciales no hay suficiente", por lo que ha llamado a atajar el fondo del asunto con el proyecto de ley que el Govern pondrá en marcha la semana que viene.
"Queremos una Cataluña donde se pueda desarrollar energías limpias, que una persona pueda rehabilitar una masía y que un granjero pueda construir una vivienda junto a la granja", ha insistido Dalmau, cuyo equipo ha trabajado con los departamentos de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de Sílvia Paneque, y de Empresa i Treball de Miquel Sàmper, y con entidades como Foment del Treball, la Cambra de Comerç o la Federació de Municipis de Catalunya para "que mover tierra para construir una industria o una vivienda sea más fácil en Cataluña".
Cambios
La futura ley quiere reducir trámites considerados redundantes, permitir más tramitación simultánea entre departamentos y aprovechar mejor las herramientas digitales para acortar los plazos de resolución, sin ver mermadas las garantías urbanísticas ni ambientales, pero con expedientes menos farragosos y más previsibles para ciudadanos, administraciones y empresas.
Entre las medidas que se estudian figura ampliar los supuestos que pasarán de licencia urbanística clásica a regímenes más ligeros, como la comunicación previa o la declaración autorresponsable, especialmente para actuaciones de menor impacto. Sobre este punto, Dalmau ha defendido una Administración basada en la confianza, "empoderar y no pedir informes duplicados o someter a los mismos procedimientos al Ayuntamiento de Barcelona y a los municipios de 2.000 habitantes".
En este sentido, se plantea dar más peso a los informes y certificaciones de técnicos de parte, de manera que la Administración pueda centrar sus esfuerzos en la inspección y el control a posteriori, en lugar de revisar toda la documentación antes de autorizar una obra.
Grúas en la construcción de edificios
Ocupación pública profesional
El plan de reforma de la Administración apuesta por la inteligencia artificial y la administración electrónica para ganar eficiencia y reducir tiempos de tramitación en torno a un 30% en distintos ámbitos. La memoria preliminar no fija de momento cifras concretas de reducción de meses o días en la tramitación urbanística, pero sí anticipa que la simplificación de pasos y la digitalización deberían traducirse en procedimientos “sensiblemente más cortos”.
Entre otras leyes que la conselleria de Presidencia deberá batallar en 2026 consta la de ocupación pública profesional, con la que pretende hacer más eficientes y competitivas las direcciones generales de la Generalitat, atraer talento del sector privado y acabar con la "persecución" y el cese de "500 altos cargos" tras cada cambio de color del Govern: "Una mejor dirección pública contribuirá a una mejor dirección política del país".