El franquismo agonizaba y un joven formado en aquella Barcelona gris advertía a su mujer de que su prioridad era levantar Cataluña. La muerte del dictador, hace ya medio siglo, le llevó en pocos pasos a refundar una Generalitat que hizo suya durante 23 años, negociando cesiones con gobiernos de distinto color e impulsando el caldo de cultivo necesario –inmersión lingüística, medios de comunicación públicos, etc.– para que estallara un procés del que luego no quiso saber nada.
Fueron años de consolidación democrática en una región que prosperaba al abrigo de la hegemonía política de Jordi Pujol, considerado un estadista en Madrid durante muchos años y prácticamente el padre de la Cataluña moderna, desde la tercera corona de Barcelona hasta el más remoto pueblo. Tiempos donde los mejores Juegos Olímpicos de la historia proyectaban una capital mediterránea abierta y los gobiernos de Convergència i Unió hacían gala de su impulso económico y buena gestión.
Paralelamente, el popular expresident veía crecer a sus hijos, especialmente al primogénito, rodeado de unos lujos que su matrimonio con Marta Ferrusola (1935-2024) nunca había exhibido. Lo que en la época no levantó nada más que sospechas y una presunta red clientelar que a partir de este lunes empezará a juzgarse en la Audiencia Nacional con hasta 18 personas acusadas de pertenecia a organización criminal. La familia y hasta diez empresarios vinculados a la Cataluña de la comisión.
Una instrucción que tiene origen en las investigaciones policiales confirmadas parcialmente por la confesión de 2014 de Pujol. Admitía tener la famosa deixa de su padre, Florenci Pujol, sin declarar en Andorra y que junto a las escuchas de la expareja de Jordi Pujol Ferrusola en el restaurante La Camarga de 2010 abrieron una extensa investigación por blanqueo de capitales y fraude fiscal.
La causa que ha ido escalando hasta convertirse en una de las más complejas que ha afrontado el tribunal en materia de patrimonio opaco y corrupción sistémica, al menos, desde 1991.
La salud de Pujol, decisiva
El juicio, que se prevé muy técnico desde el punto de vista jurídico, marcará para muchos el legado político de Pujol. Un personaje que desapareció del foco en 2014 y ha ido progresivamente blanqueándose desde amplios sectores en los últimos años de la mano de un enternecedor deterioro físico y cognitivo que resultará clave en el proceso penal. Esta ha sido la estrategia de la defensa, demorar la instrucción y que el expresident pase a la historia sin ninguna condena a sus espaldas.
A sus 95 años, de hecho, presenta "incapacidad para defenderse" a juicio de los forenses que le han examinado en las últimas semanas. Mañana expondrán el informe donde declaran a Pujol injuzgable, que de ratificarlo el tribunal le eximiría por completo de la causa. En este sentido, presentando pruebas donde se le diagnostica un principio de Alzheimer en sangre, ya ha conseguido que, dado el caso, pueda intervenir desde su domicilio durante los meses que dure el proceso.
De ser finalmente apartado, la tesis de la Fiscalía Anticorrupción quedará profundamente magullada al desaparecer el vértice del clan familiar. Sin enlace con el Consell Executiu de la época no podrán probarse muchos de los casos de mordidas de concursos públicos que articulan la instrucción. Y limitará el examen final al expresident a las tropelías que pudieran haber cometido sus hijos, todos ellos acusados de algún rol específico, sin concretar si sucedió con su permiso o a sus espaldas.
La tesis de Fiscalía
En cualquier caso, Pujol no pisará la cárcel. El fiscal pide nueve años para el expresident mientras reclama hasta 29 para el primogénito, considerado el principal gestor del patrimonio oculto de la familia, que habría empezado con aquella herencia en tiempos de Franco y se habría ido acumulando, no sólo en Andorra sino también en otros tantos paraísos fiscales, gracias a las comisiones que cobraban sus hijos, presuntamente con la aprobación de las distintas ramificaciones de la Generalitat.
El resto de hermanos —Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta— se enfrentan a penas que oscilan entre los ocho y los 14 años de prisión, también por delitos de blanqueo, falsedad y fraude fiscal, dependiendo de la intensidad de su participación en la gestión del patrimonio familiar, los movimientos entre cuentas y las sociedades instrumentales vinculadas al caso. Y piden además multas millonarias y la devolución de más de 38 millones de euros que consideran blanqueados.
Defensa del pujolismo
La defensa, de la que se encargan los abogados más prestigiosos de Barcelona, confía en la complejidad de probar los distintos casos que se juzgarán de forma individualizada, operación por operación, al haber pasado tanto tiempo. Y no caerán en el "error" que cometieron los líderes del procés o el propio Santos Cerdán hace apenas un año de tildar el proceso de operación de Estado o lawfare, como su entorno sí ha defendido mediáticamente en numerosas ocasiones.
Desde el punto de vista político, cualquier sentencia podría ser minimizada por un nacionalismo ansioso de reivindicar al que ha sido su líder durante medio siglo y cuyas ideas parecen, una vez fracasada la deriva independentista, de pasmosa actualidad para sus herederos. Un legado que no sólo defiende Junts y que el juicio, descafeinado por los problemas de salud de Pujol ocurra lo que ocurra, puede resucitar. El relato con el que el pujolismo pasará a la historia, en juego.