El abogado general de la Unión Europea (UE) ha avalado el grueso de la ley de amnistía, diseñada por el Gobierno y Junts para beneficiar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y permitir su vuelta desde Bruselas, donde permanece fugado a la espera de que el Tribunal Supremo se la aplique.
No obstante, ha advertido de que algunas de las disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) pueden ser incompatibles con el derecho comunitario.
Malversación
Dean Spielmann ha considerado este jueves que "no existe un vínculo directo entre la reducción del presupuesto de la Unión" y los gastos públicos utilizados para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017 --declarado ilegal por el Tribunal Constitucional-- y apoyar la acción exterior del procés.
Así, el conato independentista no afectó a los intereses económicos comunitarios, avalando así la aplicación de la norma sobre el delito de malversación.
Fachada del Tribunal Supremo
Terrorismo
También se pronuncia sobre el de terrorismo, del que fueron acusados asimismo los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por parte de la Audiencia Nacional.
La directiva europea de lucha contra el terrorismo no se opone a la ley de amnistía española, ya que esta "meramente" supone desactivar "parcial y temporalmente" los efectos de la norma europea y no afecta a cómo se aplica la directiva de forma general.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras
Incluso señala que la ley de amnistía española "parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social" y, en contra del criterio de la Comisión Europea, ha señalado que a su juicio "no constituye una autoamnistía".
Matices
Las conclusiones que el letrado ha publicado hoy incluyen, no obstante, algunos reproches. Asegurado que "algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva".
Advierte del riesgo de que la ley dé a los tribunales dos meses para aplicar la amnistía, aunque matiza que el Gobierno español ha apuntado que se trata de un plazo "estrictamente indicativo".
Considera que no es conforme con el derecho europeo obligar a los órganos jurisdiccionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares en dicho plazo, aun cuando hayan consultado al TJUE y este aún no haya resuelto.
La Gran Sala de vistas del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con sede en Luxemburgo
A la espera del TJUE
El pronunciamiento del abogado general de la UE no es vinculante, pero suele marcar la línea de la gran mayoría de los fallos del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Da pistas de una resolución que se espera para febrero de 2026 y que sí podría forzar al alto tribunal español a aplicar plenamente la amnistía.
El TJUE ha recibido cuestiones prejudiciales relacionadas con la aplicación de la amnistía en cuatro asuntos, pero hasta la fecha solo se han celebrado vistas para dos de ellos, que es sobre los que se ha pronunciado este jueves el abogado luxemburgués.