Cataluña da un paso más hacia la restricción de la compra de vivienda para especular. Si bien el president Salvador Illa anunció hace dos semanas el análisis de un estudio del Área Metropolitana de Barcelona que avala el encaje jurídico de esta medida --puesta en marcha en Ámsterdam con luces y sombras-- el Govern ha encargado sus propios informes jurídicos.
Y no solo eso, sino que mira a Madrid. Ya estudia los acuerdos que debería armar con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que serían necesarios para acometer las reformas legislativas oportunas.
Ha informado de ello la consellera encargada de esta misión, Sílvia Paneque, sobre la que recae el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. La también portavoz del Ejecutivo ha señalado ambos extremos en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consell Executiu de este martes.
Evaluación jurídica y política
Ha recordado que este es "un encargo muy específico" que le hizo el dirigente socialista y que su equipo ya ha pedido varios informes a juristas "para ver qué medidas se adecúan al marco normativo vigente o no, y si necesitan de modificaciones normativas que vayan más allá del Parlament, ver también qué posibilidades hay con estas tramitaciones".
Así, los trabajos de la conselleria son dobles, al llevar a cabo "una evaluación jurídica" y otra de tipo político para "ver qué sumas puede haber si se requirieran de modificaciones, como parece que algunas de las propuestas lo requerirían en el Congreso". En este sentido, Paneque ha incidido en que "a pesar de que Cataluña tiene competencias plenas en vivienda, algunos marcos normativos son estatales".
La 'consellera' de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en el Parlament (imagen de archivo)
Dos requisitos
A falta de conocer el "análisis global", Paneque ha avanzado que se exploran "las vías vinculadas a usos no residenciales", recodando al mismo tiempo que la restricción de compras especulativas "debe ser una medida temporal, no permanente, y acotada a un ámbito geográfico". Este último requisito Cataluña lo cumple, al tener habilitadas las conocidas como zonas tensionadas.
"En cuanto tengamos medidas concretas que pensemos que podemos implementar, lo trasladaremos a la opinión pública", ha prometido.
Comuns lo lleva al Parlament
Precisamente los Comuns han entrado en el Parlament una proposición de ley destinada a poner freno a la especulación. En esta carpeta, la sintonía es evidente; el Govern está "de acuerdo en explorar las máximas posibilidades que da el marco normativo y las modificaciones que se puedan hacer" para que "todas las viviendas tengan la preferencia de estar destinadas al mercado residencial habitual".
La portavoz, asimismo, ha apelado a "las fuerzas de progreso del arco parlamentario" para "trabajar conjuntamente" por la "intervención del mercado", siendo este un deseo que los grupos de ERC, Comuns y CUP han manifestado "de una manera u otra", según ha dicho.
Un bloque de viviendas de Barcelona
Alquiler de temporada
También en el Parlament, estaba previsto que esta semana se votara la regulación del alquiler de temporada, algo que no sucederá debido a la interposición de un recuso por parte del Partido Popular ante el Consell de Garanties Estatutàries.
No obstante, Paneque ha garantizado que la votación se producirá antes de acabar el año, aunque el mencionado órgano agote el plazo para responder. "Prevemos empezar 2026 con esta regulación aprobada", en palabras de la consellera, quien se ha referido a "informes jurídicos no solo del Departamento, sino también de letrados del Parlament" para avalar la consistencia del decreto.
Topar la rentabilidad
Así las cosas, se ha revuelto a las críticas de los populares y de los promotores de vivienda: "En Cataluña hay un problema de acceso a vivienda asequible, nueve de cada diez catalanes expresan su preocupación y, más allá de las políticas a medio y largo plazo que estamos desplegando, es absolutamente necesario intervenir el mercado para que las familias no destinen hasta el 60% de sus recursos para pagar el alquiler".
Además, ha recordado que el objetivo de la futura norma es el de "topar la rentabilidad del mercado para que sea justa", no eliminarla.