Los Comuns lo tuvieron claro cuando la aritmética parlamentaria surgida de las elecciones de 2024 les otorgó un papel clave en la gobernabilidad catalana. Y los problemas del Govern para lograr el apoyo de ERC a los presupuestos –que van, un año más, fuera de plazo– les han animado a subir sus exigencias. La ambición del Ejecutivo de Salvador Illa les parece, por ahora, insuficiente. O se limita la compra de vivienda a dos por persona, máximo una por municipio, o no negociarán las cuentas.
La novedad pasa por una proposición de ley del partido de Jéssica Albiach y David Cid que, pese a que están dispuestos a negociar enmiendas con el resto de grupos de izquierdas, expone al PSC a intervenir el mercado de vivienda de forma inédita. Una maniobra que podría toparse con el Tribunal Constitucional y que tampoco parece ser del agrado de un empresariado que confía en Illa, pese a sus reticencias a que los Comuns impongan políticas de este tipo, que consideran comunistas.
"Prohibir la compra especulativa"
El Govern está de acuerdo con "prohibir la compra especulativa", pero lo que cuenta es el cómo. Mientras en Palau exhiben estudios e informes, la formación morada sitúa su línea roja en una sola propiedad por persona y la opción de una segunda en una localidad distinta de la que se reside de forma habitual. Con las herencias o la compra para un familiar directo –hijos, nietos, hermanos, padres– como únicas excepciones a una norma que deberá votarse en el Parlament en los próximos meses.
Asimismo, la propuesta se limita a las zonas temporalmente tensionadas para esquivar posibles trabas jurisdiccionales y, de aprobarse, dejaría su aplicación en manos de los ayuntamientos. También contempla que, en zonas donde la Generalitat no detecta emergencia habitacional, los vecinos puedan organizarse para instar a su gobierno municipal a aplicar la medida. Y se deja claro en el texto, presentado en la Cámara, que la modificación legal no tendría efectos retroactivos para los propietarios.
"No sólo se trata de construir"
Desde los Comuns celebran que Illa parezca dispuesto a intervenir el mercado mientras los 50.000 nuevos pisos que anunció en su investidura y los 200.000 que prometió en el último Debate de Política General esperan a 2030. Son "avances" que la filial de Sumar también trabaja en el Congreso de los Diputados, pese a la falta de mayorías, de la mano de un PSOE que también "se ha comprometido" a la construcción de vivienda pública. "La regulación estatal es importante", explican.
"Pero no sólo se trata de construir", insisten, recordando que el 60% de las compras se producen actualmente sin hipoteca y poniendo a ciudades como Ámsterdam como "ejemplo de éxito" de una intervención que pretenden traer a Cataluña a través de sus seis escaños decisivos en el Parlament. Presumiblemente, partidos como ERC o la CUP estarán de acuerdo con la propuesta. Y podría ser una realidad en 2026 si los socialistas ceden a esta nueva exigencia del partido de Cid y Albiach.
Los presupuestos, sin fecha
Más allá de esta medida, inédita en España, los Comuns recuerdan a menudo que hay puntos de su acuerdo de investidura con el PSC en carpetas como sanidad o educación que "tampoco se han cumplido". Desde el Govern reconocieron ayer por vez primera que los presupuestos no llegarán en enero, y el asunto podría dilatarse hasta primavera, puesto que la condición de ERC para sentarse a negociar es todavía más compleja. La financiación singular sigue sin nuevos acuerdos a la vista.
El Govern trabaja para satisfacer a ambos, indispensables para que una nueva ley de presupuestos refleje en el Parlament la estabilidad que el Ejecutivo de Salvador Illa proyecta en todas partes. Las relaciones con los socios son "muy buenas", pero el coste que supuso para ambos investir al president fue alto, y ya se apunta desde distintos frentes a los suplementos de crédito que salvaron el curso anterior como una opción "perfectamente válida" por si la prórroga de las cuentas se dilata un año más.