La justicia ordena al Ayuntamiento de Vic rebajar el nivel de catalán exigido para ser operario del cementerio

Varapalo a la imposición no justificada del catalán para acceder a las administraciones públicas en Cataluña. El Ayuntamiento de Vic (Barcelona) ha sido condenado por el Juzgado de lo Contencioso número 15 de Barcelona por exigir un nivel de catalán excesivamente alto para acceder a un puesto de operario del cementerio municipal.

La justicia ha ordenado al consistorio rebajar el nivel requerido de lengua catalana por considerar que no es necesario para desarrollar la tarea requerida, lo que “genera una barrera de acceso con efecto excluyente para quienes no acrediten ese nivel, constituyendo discriminación directa por razón de lengua”.

Del B2 al A2

La sentencia es el resultado de un recurso contencioso-administrativo presentado por Convivencia Cívica Catalana (CCC) contra las bases de un proceso de selección de un operario de cementerio y mantenimiento y la creación de una bolsa de operarios para la gestión de servicios urbanos, que exigían acreditar un nivel mínimo de catalán B2.

Este B2 es el tercero más alto de los seis niveles de acreditación de catalán (de menor a mayor, A1 -inicial-, A2 -básico-, B1 -elemental-, B2 -intermedio-, C1 -suficiencia- y C2 -superior-), y la justicia ha estimado que, para ese trabajo, es suficiente un A2.

“Proporcionalidad” del nivel exigido

Tras analizar diversas sentencias, el juzgado señala que está constitucionalmente “justificado” la exigencia de conocimiento del catalán para acceder a las administraciones autonómica o local de Cataluña, pero advierte de que esta exigencia debe mantener una “proporcionalidad [...] en función del tipo y del nivel de la función o puesto a desempeñar”.

De lo contrario, como ocurre en este caso, ese requisito sería “contrario al derecho a la igualdad en el acceso a la función pública”.

El A2, suficiente para tareas manuales

Para llegar a esa conclusión, el juzgado ha analizado las funciones asociadas al puesto de trabajo que quiere cubrir el Ayuntamiento de Vic. Estas incluyen tareas como el “apoyo en las tareas de mantenimiento, reparación, conservación, limpieza y jardinería del cementerio”, “carga y descarga, montaje, suministro y traslado de material y medios requeridos, así como la limpieza de los trabajos”, “apoyo en las funciones de apertura y cierre de las instalaciones”, “apoyo en los trabajos de entierro”, “traslados de féretros y restos” y “utilizar las herramientas manuales y mecánicas”, entre otras.

Estas funciones, de carácter “eminentemente manual/material”, no justifican la exigencia del nivel B2 de catalán, pues este no aporta ninguna “ventaja relevante” sobre el A2 “para tareas manuales”.

Por todo ello, el juzgado ha declarado la nulidad de las bases del concurso y ha ordenado que el nivel de catalán exigido para la convocatoria sea el A2. Además, ha condenado al Ayuntamiento de Vic a pagar una multa de 1.000 euros en concepto de costas.

Satisfacción en CCC

El presidente de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, ha mostrado su satisfacción por la sentencia y ha lamentado que la formaciones nacionalistas, desde las administraciones, usen el catalán como un “instrumento para discriminar a los trabajadores hispanohablantes en el acceso al empleo público”.

Además, ha anunciado que la entidad “destinará los 1000 euros que le va a tener que pagar el Ayuntamiento de Vic por perder el pleito de la posición para operario de cementerio a una campaña informativa de los derechos de los hispanohablantes en Vic”. “¡Gracias por financiarnos!”, ha añadido.

Enfado entre los nacionalistas

El alcalde de Vic, Albert Castells (Junts), ha rechazado la sentencia y ha asegurado que la recurrirán. El dirigente nacionalista ha calificado el auto de "persecución" contra el catalán, dentro de "la ofensiva judicial contra el catalán y de la represión política". "No nos dejaremos intimidar", ha insistido.

Por su parte, el expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont, ha considerado que con sentencias de este tipo “se va volviendo al régimen monolingüe que impuso Franco, con la ligera diferencia que ahora el uso del catalán es tolerado y tienes un cierto derecho a usarlo, pero nunca en igualdad de condiciones con el castellano”.

La entidad nacionalista Òmnium Cultural ha indicado que la decisión judicial supone “un desconocimiento insultante del tema". "Es momento de hacer cumplir los derechos lingüísticos ante unos jueces que quieren convertir el catalán en innecesario y marginal", ha subrayado.