El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con símbolos de su primer año

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con símbolos de su primer año FOTOMONTAJE CG

Política

Un año de Salvador Illa en la Generalitat: luces y sombras de un mandato en minoría

El 'president' ha logrado éxitos clave pese a su debilidad parlamentaria, como el traspaso de Rodalies o la ampliación de El Prat, y ha "desinflamado" el clima político

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Salvador Illa cumple su primer año como presidente de la Generalitat tras haber prometido “pacificación” y “gestión”. Doce meses después, el balance deja avances en sus objetivos en infraestructuras y una relación más fluida con el Estado y el empresariado, pero también sonados tropiezos de gestión y la fragilidad parlamentaria de un Govern en solitario del PSC.

Illa llegó al Palau en agosto de 2024 con el apoyo de ERC y Comuns, que facilitaron su investidura y han sido imprescindibles en cada votación relevante del Parlament. En el arranque se rodeó de nombres de peso: Alícia Romero en Economía, Sílvia Paneque en Territorio, Núria Parlon en Interior —con el retorno de Josep Lluís Trapero como director de la Policía— y Olga Pané en Salud.

Desde ese primer gabinete, el Govern ha impulsado proyectos estratégicos largamente encallados: el traspaso de Rodalies, ya en marcha con la creación de una empresa mixta Generalitat-Estado, y la ampliación de El Prat, acordada con Aena y celebrada por Foment del Treball.

Proyectos emblemáticos

El Ejecutivo autonómico también logró asegurar la Ryder Cup 2031 en Girona, que se financiará en parte con la tasa turística. A ello se suma la proclamación de haber dejado atrás la emergencia por sequía gracias a inversiones aceleradas en agua y desalinizadoras.

La economía catalana acompañó con un crecimiento superior al 3% en 2024 y un paro en mínimos históricos, según datos del propio Govern y del INE. En este sentido, Illa ha cultivado una imagen de estabilidad frente a las tensiones de la última década.

Albert Dalmau y Salvador Illa, junto a Alícia Romero

Albert Dalmau y Salvador Illa, junto a Alícia Romero Europa Press

Los grandes tropiezos

No todo ha sido avance. Illa no logró aprobar los presupuestos de 2025 y se ha visto obligado a gobernar con las cuentas prorrogadas de 2023, maquilladas con suplementos de crédito pactados al límite con ERC y Comuns. Ese fracaso presupuestario ha marcado la legislatura.

El episodio más dañino ha sido el caos en la adjudicación de 57.000 plazas docentes, que obligó a repetir el proceso y a cesar a un alto cargo de Educación. El Govern reconoció “errores graves de gestión” y la oposición cargó contra la consellera.

Debilidad parlamentaria

La fragilidad del Govern se evidenció en julio, cuando Illa retiró a última hora el decreto de renovables y baterías por falta de apoyos. Fue la confirmación de que el PSC, pese a ser primera fuerza, carece de mayorías para sacar adelante su agenda sin cesiones relevantes.

El frente judicial tampoco le es favorable: los tribunales han vuelto a ordenar la impartición de, al menos, un 25% de las asignaturas en castellano en diversos casos concretos, y la suerte de la ley lingüística de 2022 sigue pendiente del Constitucional. Además, el macroproyecto de ocio del Hard Rock permanece en el limbo, con riesgo de indemnizaciones millonarias si se frena.

El portavoz de los Comuns, David Cid

El portavoz de los Comuns, David Cid David Zorrakino Europa Press

Los apoyos imprescindibles

La legislatura se sostiene en un delicado equilibrio. ERC y Comuns han sido los socios imprescindibles para la investidura y la supervivencia parlamentaria. En el plano institucional, Illa ha cultivado la relación con el empresariado —Foment del Treball ha elogiado su pragmatismo— y ha exhibido complicidad con Madrid en grandes proyectos de infraestructuras.

Ese clima de “desinflamación” política es uno de sus principales activos frente al independentismo, hoy a la baja en los sondeos. El último barómetro del CEO sitúa al PSC como primera fuerza y refleja un descenso del apoyo a la secesión.

La imagen pública y percepción ciudadana

Según el último barómetro del CEO (junio de 2025), el PSC liderado por Illa podría mantenerse en unos 4042 escaños en el Parlament, una cifra cercana a sus resultados actuales. Este dato indica una valoración estable del Ejecutivo pese a las turbulencias internas.

En paralelo, el apoyo a la independencia ha caído al 40
%, mientras que el 52% de los catalanes se muestran contrarios al secesionismo. La negociación con el Gobierno, como la que sustenta el actual Govern, cuenta con el respaldo de más del 78% de la población, lo que confirma una preferencia clara por la vía del diálogo.

Un convoy de Rodalies Renfe, completamente pintarrajeado

Un convoy de Rodalies Renfe, completamente pintarrajeado Cedida

Vivienda e inmigración

Asimismo, se observa una tendencia a priorizar problemas socioeconómicos e institucionales sobre la política territorial: vivienda, inmigración y descontento general con la política superan al independentismo como preocupaciones ciudadanas.

En cuanto a la valoración del líder, el CEO apunta que solo un 22% de los catalanes considera a Illa como la mejor opción para presidir la Generalitat, mientras que más de un 25% responde que “ninguno” de los candidatos conocidos les merece la preferencia. Esta cifra sitúa a Illa en un escenario de bajo reconocimiento personal, que, junto con un alto porcentaje de indecisos, refleja una presidencia todavía frágil en términos simbólicos.

Balance de un primer año

El primer año de Salvador Illa deja, en resumen, luces y sombras. Ha devuelto centralidad a la política catalana, ha abierto la puerta a grandes proyectos estratégicos y ha normalizado las relaciones con Madrid y con el empresariado. Pero su gestión tropieza con déficits graves: la incapacidad de aprobar presupuestos, errores en áreas sensibles como Educación y una fragilidad parlamentaria que amenaza con condicionar toda la legislatura.

El segundo año marcará si Illa consolida el perfil de presidente pragmático que prometió o si la debilidad estructural de su Govern le impide superar la etiqueta de “gestor en precario”.