Ferran Brunet, Juan Chapapría, Álex Ramos y Mario de Diego, antes de entrar en el Juzgado de Sant Feliu de Llobregat
Societat Civil Catalana ratifica ante la jueza su denuncia contra la cúpula de TV3 por gestión ilícita
Su presidente insiste en que las irregularidades detectadas por la Sindicatura forman parte de un patrón sistemático
La denuncia se dirige a la cúpula de la CCMA por los presuntos delitos de prevaricación y malversación
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El presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Álex Ramos, ha declarado este lunes en el Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat para confirmar la denuncia contra la dirección de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente que agrupa a TV3, Catalunya Ràdio y la Fundació La Marató de TV3.
Ramos ha comparecido acompañado de Ferran Brunet, miembro de la junta directiva de SCC, y de los abogados Juan Chapapría y Mario de Diego. Todos ellos han reiterado ante la jueza que los hechos deben seguir investigándose.
Presunta prevaricación y malversación
La denuncia, presentada en abril, apunta a indicios claros de prevaricación, malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos y otras prácticas irregulares vinculadas a la gestión de recursos públicos. Las sospechas afectan directamente al Consejo de Gobierno de la CCMA, así como a varios cargos técnicos y directivos.
Tras recibir la denuncia, el juzgado abrió diligencias el pasado mayo. La jueza consideró entonces que los hechos “pueden ser constitutivos de un delito de los comprendidos en el ámbito del artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
El foco en la Sindicatura
En el auto de incoación, la magistrada requirió a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña la entrega íntegra del informe 2/2025, en el que se basan las acusaciones. También pidió a la CCMA y sus organismos vinculados una extensa documentación, que se seguirá ampliando a medida que avance la investigación.
Desde SCC advierten que las irregularidades detectadas por la Sindicatura durante los ejercicios 2021 y 2022 no parecen casos aislados. Según la entidad, podrían formar parte de un patrón sistemático de gestión delictiva con consecuencias económicas de gran calado y posibles responsabilidades penales.
Infracciones denunciadas
Por eso, en la denuncia también se piden diligencias adicionales. El objetivo: comprobar si este tipo de prácticas se han repetido en años anteriores o posteriores a los ya analizados.
En la documentación entregada ante el juzgado, SCC detalla múltiples posibles infracciones: desde retribuciones ilegales que superan el límite legal hasta contrataciones opacas, pagos sin cobertura contractual, falta de auditorías obligatorias o un uso indebido de las jornadas laborales reducidas.
