El Govern de la Generalitat eliminará la cita previa obligatoria como requisito para acceder a los servicios de la Administración pública. El Ejecutivo catalán ha acordado con los grupos parlamentarios del PSC, ERC y Comuns impulsar una modificación legislativa para garantizar una atención más adecuada a la ciudadanía. Dicha modificación se enmarca en el compromiso del Govern de Salvador Illa de transformar la administración para que los procesos burocráticos sean más ágiles.
La cita previa se impuso durante la pandemia como una forma organizativa y de control para garantizar las medidas sanitarias. Sin embargo, hace cinco años que se dejó atrás el coronavirus y sigue siendo un requisito. “Puede ser un sistema para mejorar las colas, pero no puede ser el único”, ha asegurado el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, este miércoles en rueda de prensa.
Se prevé que la cita previa sólo se utilice como medida para mejorar la eficiencia y la atención de las personas pero en ningún caso será obligatoria. Así, cualquier persona se podrá dirigir a la administración a la hora que desee siempre que sea dentro del horario de atención. Esta modificación será aplicable a todas las administraciones públicas de Cataluña.
Derecho al error y rectificación
Otra de las medidas aprobadas es la del derecho al error. Reconocer que los ciudadanos se pueden equivocar en las tramitaciones y que tienen derecho a rectificar sin tener que hacer todo el proceso de nuevo.
Asimismo, se reconoce el derecho a las personas a no ser perjudicadas por fallos administrativos, para impedir que la administración pueda reclamar prestaciones esenciales de subsistencia otorgadas por error.
Hasta ahora, la Administración tenía potestad de rectificar sus errores, un derecho que no tenía reconocido la ciudadanía. “Cuando la Administración se equivoca no puede perseguir al ciudadano por un error que no es suyo”, ha señalado Dalmau. También se reconoce la posibilidad de error de los funcionarios que han actuado de buena fe sin cometer fraude y en ningún caso supondrá culpa o negligencia grave.
El 'conseller' de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Albert Dalmau
Ambas iniciativas pretenden lanzar un “mensaje de confianza hacia la Administración”, no sólo a la ciudadanía, sino también a los propios empleados.
Concretamente, se modificará la ley 26/2010 que regula el funcionamiento de las administraciones públicas en Cataluña para que no se puedan reclamar a personas vulnerables prestaciones reconocidas de forma incorrecta por la administración, además de permitir a la ciudadanía corregir sus errores ante la administración, entre otras medidas.
En sus respectivos comunicados, ERC y Comuns han defendido que esta medida evitará casos como los sucedidos recientemente en el Departamento de Derechos Sociales.
Servicios proactivos
Otro cambio impulsado es incluir la prestación de servicios proactivos y personalizados para que sea la propia Administración la que se dirija a los ciudadanos para sugerir de forma anticipada trámites o servicios que están a su disposición. Para el conseller, hay personas que no tienen acceso a la información y esta iniciativa "no dejará a nadie fuera del sistema".
La transformación de la Administración Pública es un compromiso del Govern de Illa. Esta proposición de ley, que recoge aportaciones de la Comisión de Expertos para la Transformación de la Administración (CETRA) que creó el Ejecutivo catalán, será registrada esta semana por los grupos en el Parlament.