El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el acto por la firma del Pacte Nacional per la Llengua

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el acto por la firma del Pacte Nacional per la Llengua DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Política

El Pacto por la Lengua echa a andar con el objetivo de captar 600.000 nuevos catalanohablantes

El Govern hace un llamamiento y deja la puerta abierta a que se sumen otras fuerzas políticas sin nombrar explícitamente a Junts, que dio portazo a la propuesta

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El Pacto Nacional por la Lengua ya es una realidad. Este martes, en un acto cargado de simbolismo en el Institut d’Estudis Catalans, se ha firmado oficialmente este acuerdo que pretende revertir el retroceso de la lengua catalana. "Recogemos un anhelo largamente esperado. El catalán es nuestro patrimonio, nos necesita a todos", ha asegurado el presidente Salvador Illa.

El acuerdo cuenta con una inversión de 255 millones de euros y plantea nueve horizontes hasta 2030. Entre todas las medidas planteadas, con este pacto el Govern quiere captar 600.000 nuevos catalanohablantes.

Puerta abierta a Junts

Impulsado por ERC y el PSC, con el respaldo de los Comuns, y entidades como Òmnium Cultural, la Plataforma per la Llengua y los sindicatos CCOO y UGT, el pacto echa a andar con apoyos significativos pero lejos de la transversalidad política con la que fue concebido. Junts y la CUP se han negado a firmar el documento. Tampoco lo han hecho las fuerzas de derecha y ultraderecha del Parlament. 

En la misma línea que el presidente Illa se han mantenido los grupos que suscriben el acuerdo. El líder del grupo parlamentario del PSC-Units, Ferran Pedret, ha defendido que el pacto "permanece abierto a nuevas incorporaciones".

Por su parte, los republicanos "tienden la mano" a sumar más adhesiones. El portavoz adjunto en el Parlament, Jordi Albert, ha señalado que es "un pacto vivo, un punto de partida". "No tiene que ver con la voluntad de los partidos, sino con la voluntad ciudadana".

A la espera de la sentencia del 25%

Otras metas que se plantean además incrementar la cifra de hablantes es lograr que el catalán sea "plenamente oficial"; garantizar su aprendizaje entre la población adulta; o que este idioma tenga plenas garantías en los ámbitos laboral y cultural.

El cuarto de estos horizontes define al catalán como "lengua vehicular normal del sistema educativo" y añade que "debe garantizarse su conocimiento efectivo por parte del alumnado". Ello, cuando se espera la próxima publicación de la sentencia al respecto del Tribunal Constitucional (TC), que está revisando la ley que blinda esta lengua como vehicular en la educación en Cataluña.

Sobre este punto, Esquerra ha defendido que el acuerdo permite dar respuesta a los "obstáculos" que el catalán pueda tener. "Da muchas más garantías" para abordar la sentencia, ha subrayado Albert, que considera que esta iniciativa.

"La política lingüística del país no la marcan los tribunales, la marca la sociedad civil, las organizaciones, los grupos y los partidos políticos", ha insistido el portavoz republicano.

Los posconvergentes, dispuestos a negociar

Precisamente en caso de que haya una sentencia "injusta" para el catalán, Junts estaría dispuesto a renegociar. Así lo ha explicado horas antes de que se firmara el pacto la portavoz en el Parlament, Mònica Sales.

Tras preguntar al Govern si acatará o no el dictamen del TC, ha defendido que el pacto debería ser una herramienta que permitiera combatir ésta y otras cuestiones, y por ello ha asegurado que trabajarán para hacer todas las propuestas necesarias, que trasladarán al Govern, en caso de que haya un escenario negativo a los intereses de la lengua.

Un pacto con retraso

La intención inicial era que el pacto se firmara en los primeros 100 días del nuevo gobierno. Sin embargo, las reticencias de Junts y la CUP han ido dilatando el calendario. Aun así, los partidos impulsores han decidido no esperar más y sellar un acuerdo que consideran urgente y necesario para revertir la tendencia descendente en su uso cotidiano.

Se trata de un acuerdo que ERC exigió incluir como condición para facilitar la investidura de Salvador Illa, después de que la iniciativa se quedase en un cajón por el adelanto electoral que puso fin al mandato de Pere Aragonès.

Que sea una realidad en la calle

Precisamente, el presidente catalán ha reconocido que esta iniciativa la inició el expresidente Aragonès. "El anterior gobierno dio el pistoletazo de salida en 2021. Ahora quiero destacar el trabajo del conseller Xavier Vila. El compromiso y el esfuerzo colectivo quedan estampados en la firma de hoy", ha recordado Illa.

El presidente Salvador Illa durante su discurso en el acto

El presidente Salvador Illa durante su discurso en el acto CRÓNICA GLOBAL

El propósito de este pacto es claro: "trasladar la idea del papel a la calle", ha reafirmado el líder del Ejecutivo catalán, que ha puesto como ejemplo la oficialidad del catalán en la Unión Europea. "Tenemos claro el diagnóstico, las medidas y los recursos", ha añadido.

Para garantizar el cumplimiento del pacto, el conseller de Política Lingüística comparecerá cada año ante el Parlament y rendirá cuentas sobre su evolución.

Firmantes

Otras siete organizaciones de la sociedad civil también se adhieren: la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña (Confavc); la Asociación de Maestros Rosa Sensat; la Mesa de Entitades del Tercer Sector Social; la Federación Catalana de Municipios; el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencia; el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña; y la Confederación de Cooperativas de Cataluña.

Al tiempo, firman este Pacto Nacional los siguientes agentes económicos: Unió de Pagesos; UGT de Cataluña; Pimec; el Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña; Foment del Treball; CCOO de Cataluña; USOC; y La Intersindical.