Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en 2018 EUROPA PRESS
La Fiscalía pide amnistiar a decenas empresarios y ex altos cargos de Puigdemont por la organización del 1-O
Reclama la impunidad para una treintena de miembros del 'sottogoverno' de la Generalitat procesados por el referéndum ilegal. Entre ellos, los exdirectores de TV3, Catalunya Ràdio y la CCMA y el 'exconseller' de Asuntos Exteriores, Raül Romeva
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La Fiscalía de Barcelona ha pedido aplicar la ley de amnistía del procés a unos 40 empresarios y ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña procesados por la organización del referéndum ilegal y unilateral de secesión del 1 de octubre de 2017 durante el mandato del hoy prófugo Carles Puigdemont (Junts) .
El ministerio público considera que "se compartan o no las motivaciones políticas, ideológicas o incluso filosóficas" de los impulsores de la ley, los procesados por el 1-O deben amnistiarse porque, en su opinión, sus actuaciones se ciñeron a la financiación y organización del referéndum ilegal, por lo que están incluidas en la ley de impunidad aprobada por el Gobierno.
Impunidad para la malversación
Además, el fiscal se desmarca de la tesis del Tribunal Supremo y reclama a la Audiencia de Barcelona que amnistíe el delito de malversación -que se añade así a los de prevaricación, falsedad documental y desobediencia por los que fueron procesados los organizadores del referéndum ilegal secesionista- porque, si no, se dejaría "vacío de contenido" lo dispuesto en la ley del Gobierno.
La Fiscalía, no obstante, deja al margen de la amnistía dos gastos que no ve relacionados con el procés: el servicio de limpieza y una auditoría encargados por el Diplocat de la Generalitat, por los que pide llevar a juicio a los exsecretarios generales de la institución Roser Clavell y Albert Royo.
De TV3 y Catalunya Ràdio al 'exconseller' Romeva
El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona procesó en su día a una treintena de miembros del sottogoverno de Puigdemont por su presunta implicación en los preparativos del referéndum ilegal y unilateral. Entre los investigados figuran los exdirectores de TV3, Catalunya Ràdio y la CCMA: Vicenç Sanchis, Saül Gordillo y Núria Llorach, respectivamente; el exdirector general de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet; el exdirector de la delegación del Govern ante la UE, Amadeu Altafaj; y la exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal.
A ellos se les suman otros investigados en el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona por los gastos del procés en el extranjero, razón por la cual fue procesado el exconseller de Acción Exterior Raül Romeva (ERC), indultado por el Gobierno en 2021.
La Fiscalía cree que esas decenas de ex altos cargos de la Generalitat "dirigieron, promovieron" y participaron "activamente" en la ejecución de una "estrategia" dirigida a la celebración del referéndum, "cada uno de ellos dentro de su nivel de responsabilidad", pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional por su ilegalidad.
Presunto desvío de fondos
El ministerio público reconoce que el Govern siguió la estrategia de "diluir la responsabilidad individual" mediante la colaboración de varios departamentos de la Generalitat, "para dificultar cualquier tipo de obstaculización que pudiera provenir del Estado".
Entre los actos que la Fiscalía atribuye a los procesados, y que le parecen amnistiables, figuran la disposición de fondos y recursos públicos para sufragar el referéndum ilegal del 1-O; la elaboración de una página web informativa; el aplicativo de registros de catalanes en el exterior; el registro de voluntarios; las campañas de comunicación institucional y las del Diplocat.
Otras de las actividades atribuidas presuntamente a los procesados, y que según la Fiscalía también deben amnistiarse, son el proceso de nombramiento y comunicación formal de los miembros de las mesas electorales del 1-O, que varias consejerías de la Generalutat encargaron a la empresa Unipost, y la elaboración del censo electoral mediante todos los registros públicos de propiedad de la Generalitat.
Salvadó, Jové y otros investigados
En este procedimiento también han sido investigados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, en la actualidad diputados de ERC y, en su día, altos cargos de la conselleria de y Economía de Oriol Junqueras. En su caso, al igual que el de la exconsellera de Cultura Natàlia Garriga, la investigación quedó en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al estar aforados.
Con estos tres procesados pendientes de juicio, el TSJC paralizó en julio del pasado año la aplicación de la amnistía a Jové y Salvadó y elevó la ley al Constitucional y a la justicia europea al cuestionar que el delito de malversación deba ser perdonado.
