Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) continúa a la espera de que la Generalitat y el Gobierno español cumplan las recomendaciones del informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que, hace ya un año, instó a poner fin a la inmersión monolingüe obligatoria en catalán impuesta en el sistema educativo público de Cataluña.
La presidenta de la entidad constitucionalista, Ana Losada, visitó la semana pasada al presidente de dicha comisión en la Eurocámara, Bogdan Rzonca, así como a la jefa de la misión comunitaria que, a finales de 2023, constató la vulneración de derechos lingüísticos de los alumnos castellanohablantes en esta autonomía, Yana Toom. También la eurodiputada del PP Dolors Montserrat, en una reunión en la que les reclamó ayuda para pedir a las autoridades españolas que cumplan las recomendaciones de su informe.
Losada considera que tanto el Ejecutivo central como el catalán siguen sin hacer nada para cumplir el 25% mínimo de clases en castellano en todas las escuelas de Cataluña, dictado en sentencia firme por el Tribunal Supremo en 2022. Una sentencia que el anterior Govern de ERC burló aprobando a posteriori una ley en el Parlament y un decreto ley que invalidaba cualquier porcentaje -este último, actualmente recurrido ante el Tribunal Constitucional-.
Losada reprocha también la respuesta que, según asegura, dio la actual consellera de Educación, Esther Niubó, al requerimiento del comité de la Eurocámara en una carta en la cual se le preguntaba qué ha hecho la Generalitat respecto a las recomendaciones del informe comunitario. "En la carta, Niubó negaba la mayor, y vino a decir que aquí todo está perfectamente, que no hay discriminación... los mantras nacionalistas de siempre", explica la presidenta de AEB en esta entrevista con Crónica Global.
- - ¿Qué observó, y qué recomendaciones hizo, el informe de la misión de la Eurocámara sobre la inmersión lingüística de Cataluña?
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El informe constata una discriminación de derechos lingüísticos, que no es posible estudiar en castellano en Cataluña, más que la asignatura de Lengua Castellana. Y que hay una gran presión hacia las familias que se atreven a pedir sus derechos.
Dice que se incumplen sentencias, y que se están vulnerando Tratados de la UE y la Carta de Derechos fundamentales en cuestiones como el cumplimiento del Estado de Derecho, la discriminación, o el obstáculo que supone la inmersión lingüística para los trabajadores y ciudadanos que se quieran mover dentro de España. Porque si vienes a Cataluña, pierdes el derecho de estudiar en castellano.
Las recomendaciones que se hacen desde el Parlamento Europeo incluyen, por ejemplo, que se pueda estudiar en la lengua materna, especialmente los alumnos con necesidades educativas especiales, algo que aquí no se cumple; decían que el acoso y la presión a las familias es brutal en cuanto exigen sus derechos lingüísticos; y que había una total falta de comunicación entre las familias que rechazan la inmersión, y que quieren que sus hijos estudien también en castellano, y la Generalitat. También recalcaba el papel nulo de la Inspección de Educación en Cataluña.
- - ¿Qué ha hecho la Generalitat desde entonces?
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La Generalitat lo que hizo, desde que vino la misión, fue mover los hilos de todos los lobis que tiene en marcha gracias a nuestros impuestos y conseguir que un grupo que trabaja dentro del Consejo de Europa elaborara un informe parcial, partidista y sectario diciendo que el catalán, el euskera, el gallego, el valenciano están en peligro. Y que, en el caso de Cataluña, sería un peligro de muerte para el catalán que se implantara tan sólo el 25% mínimo de asignaturas en castellano.
Es decir, la Generalitat contraatacó con un informe que no tiene la validez del informe del Parlamento Europeo porque, entre otras cosas, este último fue hecho por un grupo de eurodiputados que vino a Cataluña y se reunió con todas las partes: con quienes estamos a favor del bilingüismo o de que el castellano sea también lengua vehicular, y también con quienes están en contra. En cambio, el informe que elaboró el grupo del Consejo de Europa es un informe fabricado y cocinado por aquellos que defienden la inmersión: en ningún momento se reunieron con otra parte.