Desde hace años, los extranjeros que trabajan en Cataluña y quieren obtener el permiso de residencia han de demostrar conocimientos de catalán.
La prueba se incluye en el Informe de Integración en la Sociedad, que en el caso de Cataluña incorpora un curso básico de 45 horas de catalán y unas entrevistas posteriores a modo de exámenes sobre el nivel de destreza con el idioma. En Barcelona, el ayuntamiento es el encargado de hacer las entrevistas y traslada el resultado de esos exámenes a la Generalitat, quien se pronuncia finalmente.
Valores constitucionales y lengua
El Informe de Integración se cumplimenta en toda España para tramitar el permiso de residencia. Junto al conocimiento y respeto de los valores constitucionales, cuando se trata de una comunidad autónoma con lengua cooficial junto al castellano, el solicitante debe acreditar el aprendizaje de ambos idiomas.
A este requisito se suman las condiciones comunes en todas las autonomías: empadronamiento, contrato de trabajo, los cursos de mejora profesional que el candidato haya podido realizar en territorio español, además de documentación como el pasaporte y el certificado de antecedentes penales.
“En Zaragoza, los trámites para la obtención del permiso de residencia inicial duran dos días”, dice César Ciriano, abogado especializado en extranjería. “En Madrid, donde también tenemos oficinas, unos cinco. Sin embargo, en Cataluña el proceso requiere entre tres y cinco meses debido, entre otras cosas, a la cuestión idiomática”.
El citado informe es condición para obtener “el permiso inicial de residencia, que caduca en un año”. Pero los abogados temen que lo que persigue Junts per Catalunya es algo más intenso que desconocen con detalle “y que se aplicaría en las renovaciones”.
Un jarro de agua fría
El Gobierno había anunciado que en mayo de este año se modificarían --y aliviarían-- los requisitos, incluidos los idiomáticos, según habían entendido los abogados de estos colectivos. Pero la interpretación que hace el partido de Carles Puigdemont del acuerdo firmado con los socialistas va en sentido contrario.
El 19 de noviembre pasado se aprobó un real decreto que modificaba el reglamento de extranjería que, efectivamente, entrará en vigor el 20 de mayo. En él se reducen y mejoran las condiciones exigidas a los extranjeros para obtener los permisos.
Menos tiempo para el arraigo
Entre otras cuestiones, se acorta el tiempo mínimo de permanencia en España y también se amplía hasta cinco años la validez del permiso por arraigo familiar.
Las novedades habían sido recibidas con entusiasmo en los medios relacionados con la extranjería, que ahora están sorprendidos por las nuevas condiciones que podrían establecerse en Cataluña si gobierna el independentismo.
Imagen de archivo de una manifestación de mujeres contra la ley de extranjería
Otras mejoras
Luz Zegarra, letrada especializada también en cuestiones de extranjería, destaca que esos cambios eliminan la necesidad de contrato de trabajo previo, una condición ilógica para el que está aquí ilegalmente y su contratante poder ser multado.
Y, por otra parte, “aumentan las exigencias para otros permisos, como el socioeducativo. Si la persona extranjera no cuenta con familiares en España, debe acreditar más condiciones, lo que parece coherente”.
“Podría ser un gran problema”
Esta abogada no acaba de dar mucho crédito a los anuncios de los políticos posconvergentes porque de incrementar las exigencias idiomáticas para las renovaciones de los permisos, las consecuencias serían enormes. “Podría ser un gran problema”.
Desde su punto de vista, esa cuestión no debería ocupar a los políticos, que deberían preocuparse por la burocracia que obliga a invertir más de cuatro meses en los trámites del permiso.
“Hay muchísimos extranjeros que viven y trabajan en España, pero que lo hacen en la economía sumergida. Para el bien del país y de ellos mismos, habría que buscar una fórmula de regularización”, dice Zegarra.
Los solicitantes de asilo, a peor
Otra cuestión preocupante que se deriva de los cambios en el nuevo reglamento aprobados en noviembre es el trato a los peticionarios de asilo. “A partir de mayo, quienes hayan pedido asilo podrán solicitar un permiso de residencia si ya han obtenido respuesta del Ministerio de Interior. Pero si tenemos en cuenta que las respuestas en estos casos tardan más de dos años, vemos una especie de maltrato a quienes piden asilo”, añade la abogada.
El hecho de que España rechace más del 90% de las peticiones es coherente, según Zegarra, con ese aparente empeoramiento de las condiciones de regularización para estos extranjeros.
Declaraciones contradictorias
A estos elementos de incertidumbre se añade la que generan declaraciones como las de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ayer dijo que la lengua “no es un requisito” para dar residencia a extranjeros. Al pacto, añadió, se le va a aplicar la normativa vigente en materia lingüística.
“La lengua no es un requisito para denegar un permiso, para expulsar a una persona de nuestro país o para prohibir la entrada en nuestro país. A esta delegación de competencias se le va a aplicar la Ley de Extranjería, donde no es un requisito el conocimiento de una lengua”, declaró en una entrevista en Onda Cero.
Desde la formación independentista despistan aún más cuando aseguran que la ley orgánica pactada no recoge nada en ese sentido, pero que remite al Estatut, donde sí se establecen mecanismos de “respeto a la cultura y valores” de Cataluña.