Un agente de Fronteras de la Policía Nacional junto a un perro policía
La cesión de las fronteras a Cataluña expulsa a 3.400 agentes y a sus familias
Sindicatos policiales temen que la poca experiencia de los Mossos d'Esquadra en esta materia sirva de "coladero" para organizaciones terroristas que quieran entrar en nuestro país
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La cesión de las competencias en materia de fronteras e inmigración a Cataluña está más cerca de convertirse en una realidad. Este martes, el PSOE y Junts hicieron público el acuerdo que permitirá a los Mossos d’Esquadra asumir el control de fronteras, de los flujos migratorios, la seguridad en puertos y aeropuertos, la expulsión de migrantes y la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Una cesión prácticamente integral que ha sido promovida por los neoconvergentes y que genera un profundo malestar entre los sindicatos de la Policía Nacional (CNP), que advierten de las consecuencias inmediatas de esta decisión: la expulsión de 3.400 agentes y sus familias.
Un desmantelamiento paulatino
"¿Cómo puede ser que se cedan unas competencias exclusivas del Estado a una policía autonómica?", se pregunta Carlos Prieto, secretario general de riesgos laborales del Sindicato Unificado de Policía (SUP).
Imagen de la manifestación de SUP por el traspaso de fronteras a Cataluña
Para los sindicatos del CNP, esta cesión no sólo implica el desplazamiento de miles de agentes fuera de Cataluña, sino que muchos de ellos se verán obligados a dejar sus hogares y, con ello, a romper el arraigo familiar y laboral que durante años les ha unido a la región.
"Les molestamos", denuncia Prieto, haciendo hincapié en que los independentistas no desean la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña, y han luchado incansablemente por "desmantelarnos".
Una competencia exclusiva del Estado
El enfado es palpable. Los sindicatos, que ya han comenzado a estudiar posibles acciones legales, cuestionan además la legalidad de esta transferencia de competencias, pues contraviene lo estipulado por la Constitución Española.
Y es que, según se establece en el artículo 149.1.2, es competencia exclusiva del Estado todo lo relativo a la "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo". Y, por lo tanto, son asuntos que no pueden delegarse a otras administraciones de menor rango.
Una agente de policía revisa documentación en un ordenador EUROPA PRESS
De hecho, el SUP señala que el Tribunal Constitucional (TC) ha dejado claro, en hasta cuatro resoluciones judiciales, que la Generalitat de Cataluña no puede asumir funciones más allá de las relacionadas con la integración social, dentro del marco de la asistencia social.
Es más, desde el sindicato no descartan personarse ante el TC si, finalmente, la transferencia se culmina.
Silencio
Desde el Ministerio de Interior, sin embargo, no ha habido respuesta oficial. El silencio del ministro Fernando Grande-Marlaska ha provocado un creciente malestar en los sindicatos de Policía Nacional, que le exigen explicaciones sobre el traspaso de competencias, los tiempos del proceso y la manera en que se implementará.
"No puede ser algo inmediato, tendrá que ser algo paulatino", apunta Prieto, que considera "muy grave" la falta de respuesta institucional, así como la falta de información a los agentes afectados.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska (i) y la 'consellera' de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, (d)
No hay pasarela prevista (por ahora)
En este marco de incertidumbre, nadie desde Interior o la Generalitat de Cataluña ha confirmado si, cuando se deleguen las competencias a la autonomía, los policías que las ejecutan ahora podrán seguir en sus puestos de trabajo.
Es lo que en su momento se llamó la pasarela, que permitió a 175 guardias civiles de la Agrupación de Tráfico pasar a los Mossos d'Esquadra a partir de 1998. Por el momento, una nueva pasarela para fronteras y Extranjería no se ha anunciado, lo que impacta sobre la estabilidad familiar de los funcionarios.
Imagen de una de las pasarelas de acceso al Aeropuerto de El Prat
Un caso sin precedentes
Pero es que en paralelo, desde el SUP temen que el acuerdo alcanzado pueda generar inquietudes a nivel europeo, ya que según el sindicato, esta cesión de competencias no tiene precedentes en ningún otro país miembro de la Unión Europea.
"Mientras que el resto de los Estados miembros están reforzando su seguridad y sus fronteras, España decide ceder una materia de especial relevancia a un cuerpo policial sin experiencia", alertan.
Los temores de que esta falta de preparación en el control fronterizo permita el paso de organizaciones criminales, redes terroristas y flujos migratorios irregulares son cada vez mayores.
Un agente de la Policía Nacional EUROPA PRESS
Incertidumbre también en Mossos
La incertidumbre no se limita sólo a la Policía Nacional. A pesar de que la Generalitat tiene previsto reforzar la plantilla de los Mossos d’Esquadra, con la incorporación de nuevos agentes y la meta de alcanzar los 25.000 efectivos en 2030, los sindicatos del cuerpo autonómico también reconocen que actualmente no cuentan con la estructura ni los recursos suficientes para asumir las nuevas competencias.
De hecho, la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, adelantó hace un par de semanas que los Mossos podrán comenzar a asumir el control de puertos y aeropuertos a partir de septiembre, pero pidió tiempo para preparar la estructura necesaria.
A medida que se acercan los plazos, lo que parece claro es que Junts está logrando lo que no consiguió con su intento de independencia: una cesión de competencias clave en materia de seguridad nacional.
Los sindicatos de Policía Nacional consideran que, en la práctica, "lo que estamos presenciando es un desmantelamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña". Una decisión, añaden, que, "lejos de reforzar la seguridad del país, podría ponerla en riesgo".
