La entidad constitucionalista catalana Impulso Ciudadano ha presentado este lunes un informe en el Senado en el cual reclama una Ley Orgánica que regule el uso del español y las lenguas cooficiales en el país, y poner fin a las "prácticas discriminatorias" hacia el castellano en determinadas autonomías.
Esta asociación, que asegura tener como objetivo la defensa de la libertad e igualdad de los españoles, del pluralismo político, lingüístico y cultural, y de los valores constitucionales y de la UE, ha desgranado su propuesta para fomentar la "convivencia lingüística". Y denunciar, también, los "abusos" de las fuerzas nacionalistas con sus normas sobre esta cuestión en algunas comunidades autónomas.
Acabar con la "discriminación lingüística" en el empleo...
La propuesta de Impulso Ciudadano, elaborada a partir de las I Jornadas sobre los Derechos Lingüísticos -organizadas junto al Instituto CEU de Estudios de la Democracia el pasado 18 de octubre- destaca, por ejemplo, la importancia de garantizar "los principios de igualdad, mérito y capacidad para el ingreso en la función pública, evitando la discriminación lingüística y la arbitrariedad de las administraciones”.
En el acto han intervenido el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo; su vicepresidente, Rafael Arenas; y los vocales Jesús Rul y Ana Losada, que a su vez es presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y de la asociación Escuela de Todos. La ponencia se ha llevado a cabo en presencia, entre otros, de los senadores y el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán.
... Y en el sistema educativo
Rollán ha agradecido a Impulso Ciudadano haber elegido el Senado para presentar su informe. Y ha puesto como ejemplo durante su intervención que, si un andaluz que vive en Cataluña, ha de tener "el derecho a elegir que sus hijos puedan aprender en castellano sin necesidad de ser señalado o discriminado". Desde hace tres décadas, la Generalitat ha impuesto en esta autonomía la inmersión monolingüe obligatoria en catalán en su sistema educativo.
Rollán ha lamentado que, en Cataluña, sólo 17 de sus 4.500 centros educativos se cumple la sentencia de impartir al menos un 25% de las asignaturas en castellano. Y ha apuntado que "la vulneración de los derechos lingüísticos debe abordarse en las cámaras de representación parlamentaria, como es el caso del Senado, la Cámara territorial".
En este sentido, José Domingo ha alertado sobre la tendencia a "imponer el monolingüismo" en las autonomías con dos lenguas cooficiales en detrimento del castellano. Y ha recordado que le "corresponde al conjunto de las instituciones públicas y, en especial, a la Administración General del Estado, garantizar, sin trato discriminatorio, el derecho de usar el castellano".
Losada, por su parte, ve imprescindible una ley nacional sobre los idiomas en la enseñanza. Y defiende garantizar la lectoescritura en la lengua materna del alumno hasta al menos los 7 u 8 años.
Defensa de una política lingüística estatal
Domingo lamenta que las instituciones estatales no hayan impulsado todavía "una política lingüística nacional" para desarrollar el precepto de la oficialidad del castellano de la Constitución, mientras que algunas autonomías con otras lenguas oficiales sí tienen sus propias normas.
Impulso Ciudadano denuncia "una presión identitaria excluyente" en regiones con importante peso del nacionalismo, por ejemplo en Cataluña y País Vasco.
En la misma línea se han manifestado el filósofo y pedagogo Jesús Rul; el jurista Rafael Arenas; y la historiadora Ana Losada.
Rechazo a las "barreras de entrada"
Arenas ha advertido de que los requisitos lingüísticos para los empleos públicos de cada autonomía no pueden convertirse en "barreras de entrada encubiertas". Y es que, a su modo de ver, las políticas de promoción del uso de una sola lengua son ilegítimas, porque sólo cabrían políticas de promoción de su conocimiento.
Y es que, para Impuso Ciudadano, "una cosa es la promoción de una lengua y otra distinta que el poder público pretenda modificar los usos de una lengua en particular" cuando esto se hace en detrimento de otros idiomas, buscando con ello "disminuir el uso social" de uno de ellos.
En este sentido, desde la entidad denuncian las medidas coercitivas y sanciones como, por ejemplo, las multas por rotular sólo en castellano en Cataluña, o la imposición de cuotas lingüísticas para dar licencias a medios de comunicación.
Rul, por su parte, ha recordado que el 96% de los residentes en España habla castellano; el 14,7% inglés, y el 14,2% catalán; y que el castellano es la lengua materna de más del 80%, y la entiende y habla bien el 99,5%.