Los expresidentes de la Generalitat Artur Mas (i.) y Carles Puigdemont (d.), saliendo de la mansión de este último en la localidad belga de Waterloo / EUROPA PRESS
El Constitucional tumba el decreto ley del Govern que avaló las fianzas a los líderes del 'procés'
- La sentencia, sin embargo, no tendrá efectos al existir una ley posterior que regula el fondo y no está recurrida
- Contenido relacionado: Puigdemont defiende ante el Tribunal de Cuentas que es "imposible" fijar la cuantía desviada
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El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado por mayoría inconstitucional el decreto ley con el que el Govern catalán creó el Fondo Complementario de Riesgos que permitió que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) avalara las fianzas que el Tribunal de Cuentas exigió a los líderes del procés secesionista.
El Constitucional considera que no concurrían las razones de "extraordinaria y urgente necesidad" que exige la ley para legislar por esta vía.
Según fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press, el Pleno ha estimado el recurso de Vox contra el decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, por el que se creó dicho fondo, con una amplia mayoría de 11 magistrados -tanto progresistas como conservadores- contra una: la progresista María Luisa Balaguer, que abogaba por desestimarlo.
Sentencia sin efecto
Sin embargo, la sentencia aprobada este miércoles no tendrá efecto, al existir una ley posterior que desarrolló lo recogido en el citado decreto inconstitucional y que no ha sido objeto de impugnación, por lo que el fondo seguirá vigente en base a esta norma jurídica.
Los cinco magistrados enmarcados en el bloque conservador -Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías- han anunciado votos particulares concurrentes al considerar que el decreto es inconstitucional no sólo por no cumplir con esos requisitos legales, sino porque Cataluña carece de las competencias para crearlo.
Estos cinco magistrados observan también vulneraciones de los artículos 117, 118 y 136 de la Constitución, referidos al ejercicio de la potestad jurisdiccional, al obligado cumplimiento de las resoluciones judiciales y al Tribunal de Cuentas.
Fianza millonaria
El Tribunal de Cuentas pidió a los líderes independentistas una fianza de 2,1 millones de euros que avaló el Fondo Complementario de Riesgos a través del Institut Català de Finances (ICF) de la Generalitat, en el marco del procedimiento contable por los gastos del referéndum ilegal y unilateral de secesión del 1-O y la Acción Exterior de los mandatarios del procés. Un procedimiento que ha sido suspendido por la amnistía impulsada por el Gobierno de PSOE y Sumar a cambio del apoyo parlamentario de sus socios de ERC y Junts a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Este procedimiento afectaba a 35 ex altos cargos secesionistas de Cataluña. Entre ellos los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras, que fueron juzgados en noviembre del año pasado.
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El fondo recibió en su día el aval unánime del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de Cataluña, requisito que era imprescindible para el voto a favor del PSC.
Dicho órgano consideró que el fondo se ajustaba al Estatut y a la Constitución en un informe vinculante en el que se defendía que la Generalitat "está habilitada para crear un instrumento de protección de sus servidores públicos", si bien se recomendaban algunos cambios en el decreto ley para que "desaparezcan determinadas dudas de su redactado actual". El TC ha reconocido hoy que era inconstitucional.
