¿Pactaron ERC y el PSC/PSOE un concierto económico para Cataluña –entre otras cuestiones– a cambio de investir al socialista Salvador Illa como president? Aunque de aquella rúbrica ha transcurrido casi un mes, no deja de generar polémicas incluso entre los firmantes. El documento es claro, aunque lo suficientemente ambiguo en la utilización de las palabras como para que unos y otros vendan una cosa y la contraria a sus parroquias.
Los republicanos, en cuanto escenificaron el apretón de manos con los socialistas, aseguraron que por medio de este pacto –que después validó la militancia– se habían hecho con “la llave de la caja”. Porque el documento dice de forma explícita que el Govern del PSC se compromete a que, en un plazo indeterminado, “sea la Generalitat la que gestione, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña”. Todos, “salvo los de naturaleza local”.
Borrell: es “un concierto”; Montero: no es “un concierto”
A cambio, Cataluña aportará “a las finanzas del Estado” una cantidad equivalente al “coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña”, así como otra parte en concepto de “solidaridad con las otras comunidades autónomas a fin de que los servicios prestados por los diferentes Gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares”, aunque sugiere que las demás regiones deberán hacer “un esfuerzo fiscal también similar” –de ahí la polémica declaración del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, de la necesidad de subir impuestos en España para garantizar unos buenos servicios públicos–.
Es cierto, no obstante, que en ningún lugar del documento figura el concepto “concierto económico”, pero sí se habla de “financiación singular”, de “soberanía fiscal”, de “relación bilateral con el Estado” y de recaudación y gestión de todos los impuestos. Y eso, para el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (ARVP), Josep Borrell, es “un concierto”, tal y como lo definen “los manuales de Hacienda”. No se trata de un concierto como el vasco “por muchas razones diferentes”, pero es un concierto, a fin de cuentas, en sus palabras.
El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell
Qué dice la ley del concierto vasco
Estas afirmaciones las ha negado en las últimas horas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un intento por apaciguar los ánimos de los barones del PSOE, que no terminan de ver claro este acuerdo en Cataluña. “Ni es un concierto económico ni es una reforma al uso del sistema de financiación”, aseguró la también vicepresidenta, quien añadió: “Lo podemos llamar como queramos, pero la única experiencia de nuestro país de concierto es el vasco y el navarro”. Sus palabras escocieron en ERC, donde sospechan que les pueden haber dado gato por liebre y ya amenazan –sin mucha fuerza– con dejar caer al Gobierno si este incumple con lo prometido, se llame “concierto” o “financiación singular”.
Tal vez la Ley 12/1981, de 13 de mayo, por la que se aprobó el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aporte luz al asunto. Aquella especifica que “la exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos” corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales. Con una excepción –no contemplada en el caso catalán–: los impuestos que se integran en la Renta de Aduanas, los que se recaudan a través de Monopolios Fiscales y la imposición sobre alcoholes son competencia del Estado. También menciona las aportaciones –opacas– del País Vasco a la cuenta común en concepto de solidaridad y por los servicios prestados allí por el Estado. Y aquí puede radicar la diferencia con Cataluña, pues estas aportaciones deberán negociarse, en teoría, con total “transparencia”. Y el Congreso tendrá la última palabra.