El Gobierno declara "ilegal" el consejo de guerra y la sentencia a muerte a Lluís Companys

El Gobierno de Pedro Sánchez considera que el expresidente de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys, fusilado por el régimen franquista, "padeció persecución por razones políticas e ideológicas", y ha declarado "ilegal e ilegítimo" el consejo de guerra sumarísimo que lo juzgó, así como la sentencia que lo condenó a muerte.

A raíz de las exigencias del Govern de ERC, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno ha hecho llegar a la Consejería de Justicia del ejecutivo secesionista catalán una declaración de reconocimiento y reparación personal hacia la figura de Companys, de acuerdo con la cual fue "represaliado" por ser el presidente de la Generalitat, según informan este martes ambos ejecutivos.

La declaración de "reparación" del Gobierno considera "ilegítimas y nulas las condenas del consejo de guerra y las sentencias emitidas por estos y otros tribunales contra el presidente" de la Generalitat, hechas hace casi 84 años.

Los argumentos del Ejecutivo de Sánchez

De esta manera, y por primera vez, el Gobierno dice de manera oficial que Companys fue "represaliado, condenado y fusilado por ser el máximo representante de la Generalitat y por su militancia e ideología".

En concreto, el texto del Gobierno señala que Companys fue condenado por "haber sido abogado de los sindicatos únicos y de la CNT, por haber organizado la Unión de Rabassaires, por haber sido fundador de ERC, por haber proclamado la República el 14 de abril de 1931 y por cargos públicos ejercidos durante la Segunda República, concretamente, por haber ocupado la presidencia de la Generalitat" de Cataluña.

Por todo ello, el Gobierno declara "ilegales e ilegítimos, tanto el Tribunal Regional de Responsabilidad Política de Barcelona como el consejo de guerra sumarísimo" que enjuiciaron a Comapnys.

"Reparación moral"

De esta manera, el Ejecutivo considera que Companys tiene "derecho al reconocimiento y a obtener la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva".

En consecuencia, el ministerio "declara ilegítimas y nulas cualquier condena, sanción o resolución dictada contra Companys" por "razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra de España o la dictadura posterior".

El pasado mes de noviembre, el Govern aprobó un acuerdo para activar el procedimiento para pedir al Ejecutivo la formalización de la nulidad de las sentencias impuestas a Companys, una de las cuales lo condenó a muerte.