La defensa del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha dado por hecho este domingo que tendrá lugar una detención del líder de Junts cuando éste cruce la frontera española y vuelva a Cataluña. Algo que sucederá previsiblemente en la semana del 5 de agosto, por el debate de investidura (aún sin convocar) del candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa.
No obstante, el siempre polémico letrado (que será juzgado por su colaboración con el narco gallego Sito Miñanco), también ha avisado de que la orden incumple "una ley en vigor" (la Ley de Amnistía) y, textualmente, carece de mandato legal. "Hay muchos incumplimientos como para que alguien se sienta amparado para actuar en base a esa orden de detención", ha dicho este domingo sobre la decisión del juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena de persistir en su arresto.
"Carece de mandato legal"
A su juicio, dicha orden se emite, textualmente, sin que lo solicite nadie e incumpliendo una ley en vigor. "¿Realmente estamos obligados a cumplir una orden que carece de mandato legal?", se ha preguntado en declaraciones a la cadena pública Catalunya Ràdio. A la misma, ha asegurado que le parecería muy grave que se produjera una detención en el interior del Parlament: "Me parecería un atentado más a la democracia."
Boye también ha criticado que "los patriotas españoles se están dando codazos para ver quien" materializa la detención al expresidente. Asimismo, ha asegurado que le parecería muy grave que se produjera una detención en el interior del Parlament: "Me parecería un atentado más a la democracia."
"Golpe de Estado"
Precisamente en los mismos términos se expresó Puigdemont este sábado. "Mi obligación es ir al Parlament si hay debate de investidura y solo un golpe de Estado me podrá impedir estar allí", reafirmó ante sus acólitos y la plana mayor de Junts su compromiso de volver a Cataluña.
El organizador del referéndum ilegal del 1-O se ha propuesto dinamitar la presidencia de Salvador Illa, al que ha insistido en presentarlo como "el candidato más cercano al 155". Su detención, ya sea en la Cámara catalana o de camino, pondría cuesta arriba el eventual apoyo de ERC al tratarse de un escándalo a ojos del independentismo. No obstante, el pacto está muy próximo: se anunciará en las próximas horas o días, a la espera de que lo validen (o no) las bases republicanas en una consulta que será convocada este miércoles, 1 de agosto.
Pulso a Sánchez
Asimismo, el expresident mantiene su órdago al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha instado a evitar "una detención que sería ilegal y arbitraria". También ha retado a la Fiscalía General del Estado a "perseguir" el delito de prevaricación del que acusa a Llarena por resistirse a aplicarle la Ley de Amnistía, "una norma aprobada por un parlamento democrático".
Es en este contexto que Puigdemont ha hecho valer el poder de sus siete diputados en el Congreso, al haber tumbado esta semana los objetivos de estabilidad que deben servir de base a los presupuestos de 2025. Un sobresalto que fuentes socialistas atribuyen a un "ataque de celos" por las negociaciones entre el PSC y ERC.
Pedro Sánchez, durante su reunión con el 'president' en funciones, Pere Aragonès, en el Palau de la Generalitat
El líder de Junts puede atraer foco de atención con sus actuaciones pero no impediría que Illa fuese president, según el análisis que hacen las fuentes cercanas al Ejecutivo sobre lo que puede vivirse los próximos días. La incógnita es lo que harán los neoconvergentes en Madrid si Illa consigue la presidencia de la Generalitat frente al intento de Puigdemont de ser él quien vuelva a ese cargo o, de lo contrario, que se repitan las elecciones.