El Govern en funciones de Pere Aragonès ha provisionado un total de 365,6 millones de euros para hacer frente a la sentencia que le obliga a indemnizar a la concesionaria de la antigua Aigües Ter-Llobregat, una empresa pública denominada ahora Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL), que presta el servicio de abastecimiento de agua "en alta", desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales, a Barcelona y su área metropolitana.
El departamento de Economía de la Generalitat da cuenta de esta provisión en su último informe mensual de ejecución, el correspondiente al mes de mayo, en el que analiza la ejecución del presupuesto.
Esa provisión, el gasto de los conciertos sanitarios y sociales, los incrementos retributivos adicionales de 2023 y el aumento de personal docente y sanitario hicieron que los gastos no financieros de la Generalitat se elevaran un 15 por ciento hasta mayo, hasta los 15.783,2 millones, si bien los ingresos no financieros también crecieron hasta los 14.955,7 millones, un 12,6 por ciento más, al recibirse un anticipo de la liquidación del modelo de financiación.
Diez años de batalla judicial
La provisión de estos 365,6 millones es el último capítulo de un contencioso que tiene su origen en 2012, a raíz de la adjudicación por parte de la Generalitat a un consorcio liderado por Acciona de la gestión de la empresa Aigües Ter-Llobregat. Esa decisión fue impugnada por el grupo Agbar, y a partir de ahí se inició un larga batalla legal que acabó con la anulación de aquella adjudicación por parte de los tribunales y la reclamación de una indemnización a la Generalitat.
Esta guerra legal de más de una década tuvo su punto culminante en diciembre de 2022, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictaminó que la antigua ATLL, liderada por Acciona, tenía derecho a recibir 304,4 millones por aquel intento fallido de privatización.
David Vila Ligero, director actual del ATL
El consorcio de Acciona llegó a pedir una compensación de más de 1.000 millones por la adjudicación fallida, pero no llegó a ningún acuerdo con la Generalitat. En 2019 Acciona, por su parte, anunció que había vendido al fondo Fortress por 170 millones de euros los derechos de cobro futuros de aquella indemnización.
Pendientes del Supremo
Tras el fallo del TSJC, tanto la Generalitat como la concesionaria acabaron interponiendo un recurso de casación ante el Supremo, que aún está pendiente de resolución. A la espera de ver qué decisión toma el tribunal, el año pasado la concesionaria pidió al TSJC que la sentencia se ejecutara provisionalmente y en abril de ese año ese tribunal dictó un auto en favor de esa ejecución provisional.
"En cumplimiento de ese auto, la Generalitat ha provisionado el importe de la sentencia, que asciende a esos 365,6 millones de euros, incluyendo intereses", han asegurado a EFE fuentes del departamento de Economía, que aclaran que este gasto se anulará en caso de que el recurso se resuelva en favor de la Generalitat.
Al elaborar los presupuestos de la Generalitat para 2023 el Govern no creyó necesario incluir una provisión por ATL, porque no preveía que este asunto tuviera impacto presupuestario ese año, pero finalmente la provisión se ha acabado ejecutando en mayo, tras la decisión judicial del TSJC.