Interior cambiará su protocolo sobre delitos de odio ante la presión de la seguridad privada

La Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña tendrá que cambiar su protocolo para la prevención y detección de las situaciones de odio y discriminación en el ámbito de la seguridad privada por la presión de ADN Sindical Seguridad y Servicios de Cataluña, el sindicato mayoritario dentro del sector en la comunidad autónoma. 

Ya en julio del año pasado, cuando el departamento que dirige Joan Ignasi Elena presentó su nuevo protocolo, el sindicato expresó que, si bien esta normativa era “necesaria”, pues sus trabajadores son quienes están en primera línea ante este problema creciente, la nueva normativa no concretaba ni las horas lectivas ni tampoco los materiales que se debían impartir a los vigilantes de seguridad y delegaba estas decisiones en las academias. Tampoco se detallaba si los cursos tenían que ser presenciales o telemáticos, un extremo que levantó ampollas en el sector. 

El consorcio da la razón a ADN Sindical

Ahora, el Consorcio de Formación Continua de Cataluña, que pende del Departamento de Empresa y Trabajo, da la razón al sindicato y acuerda incrementar estas formaciones de cuatro horas, a las que se comprometió Interior, a diez horas. 

El consorcio considera que el contenido es “demasiado extenso” como para impartirse en las cuatro horas que fijaba el protocolo, teniendo en cuenta que se trata de una formación “necesaria” para el sector. De hecho, el consorcio considera que las formaciones deben ser de un mínimo de 20 horas anuales, por lo que aunque esta en concreto ascienda a las diez, los profesionales del sector todavía pueden complementar su expertise con otro curso de la misma duración. Ahora, desde el consorcio informarán de la propuesta a Interior e impulsarán la modificación al SEPE para que entre en vigor este mismo año.

Los vigilantes, responsables penales

Así se ha acordado después de que Sergio Sánchez, portavoz de ADN Sindical seguridad y servicios de Cataluña, insistiera en que debían fiscalizarse tanto las unidades didácticas como el número de horas que se impartirán a los trabajadores, pues en caso de que un vigilante realice una mala praxis se le podría condenar, como ya sucedió en el pasado.