Podemos busca acaparar el foco mediático tras meses en la irrelevancia política en el grupo mixto del Congreso. Y lo ha hecho presentando una proposición de ley en la que quieren obligar a las personas propietarias o directivas de medios de comunicación a presentar una declaración de bienes e intereses. Los podemitas buscan luchar contra la desinformación con una norma que también señala a los empleados. O lo que es lo mismo, que atenta contra las libertades individuales.
Los de Ione Belarra se amparan en el derecho de la ciudadanía a “recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, concebido como derecho fundamental”. Por ello, ven necesario que se conozcan “los intereses económicos de las personas que desempeñan funciones de dirección, administración y creación de contenidos”, de manera análoga “a como se produce con los altos cargos de la administración”.
Así, la iniciativa busca controlar, también, a unos empleados que ya rinden cuentas ante Hacienda.
Críticas a Pedro Sánchez
En el texto apuntan que “la prensa, la radio y la televisión contribuyen a la formación de opinión pública”, por lo que los ciudadanos tienen “derecho a conocer cuáles son los condicionantes y contextos de la información y opiniones que reciben”.
La secretaria general y diputada de Podemos ha cargado contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, quien considera no ha “querido abordar” muchas cuestiones para hacer frente, “con medidas valientes, a la grave crisis de bulos y noticias falsas” que vive España. Para acabar con esto ha planteado “intervenir en los medios privados”, tal y como ha expresado en una entrevista en TVE.
Más del 10% de la titularidad
La ley que han llevado a la Mesa del Congreso se aplicaría a las sociedades o personas físicas que sean titulares de licencias de televisión que emitan en el territorio, así como de las sociedades dedicadas a la producción y elaboración de programas audiovisuales. También incluye a los medios radiofónicos que emitan en España, y a los titulares de medios de prensa escrita o digitales de información general.
Asimismo, Belarra ha añadido que “la limitación en la estructura de propiedad es fundamental”, por lo que la ley prevé que “las empresas de sectores estratégicos, como la banca o como las empresas eléctricas o los fondos de inversión, no puedan poseer más del 10% de un medio de comunicación”.
Las personas que sean presentadoras o conductoras de programas informativos o que traten de actualidad política también deberán hacer una declaración de bienes, explicita la ley que desean que salga “adelante” con el apoyo de la “mayoría progresista”.
Con todo, no cabe duda de que se trata de una iniciativa que se vende como una forma de afrontar las fake news, pero que, a la práctica, solo serviría para que el Gobierno tuviera fichados a los profesionales de la comunicación en un registro que sería público.