El exalcalde de Sabadell Manuel Bustos, absuelto de una de las piezas del 'caso Mercurio'

El Juzgado de lo Penal número 2 de Sabadell ha absuelto al exalcalde socialista Manuel Bustos del delito de omisión de perseguir delitos por el que se le investigaba en la pieza 33 de la macrocausa Mercurio, desglosada en un total de 38. 

Los hechos investigados en esta pieza se remontan al 3 de junio de 2010, cuando Bustos presuntamente organizó una reunión con un empresario para pedirle que no difundiera unas grabaciones que supuestamente demostrarían que el exconcejal del PP, Jordi Soriano, estaría implicado en un caso de soborno para conseguir comisiones de empresarios a cambio de concederles a dedo obras públicas. 

Una plataforma denunció los hechos

El caso llegó a los tribunales como una pieza separada del caso Mercurio después de que la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció pidiera personarse como acusación popular en el caso Mercurio y solicitara dos años de inhabilitación especial para el exalcalde socialista. 

La plataforma alegaba que tanto Bustos como otros dos participantes en esta reunión (el exintendente de la Policía Municipal de Sabadell, Josep Miquel Duran, y Manuel Somoza Barreiro, exdirector del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Sabadell) habían silenciado unos hechos que sería constitutivos de un delito aprovechándose del cargo que ocupaban en aquel momento.

No ha podido acreditarse 

Sin embargo, la sentencia recoge que “no ha quedado suficientemente acreditado” que los acusados tuvieran conocimiento de que el exconcejal podría estar recibiendo comisiones con la finalidad de promover la adjudicación de obras públicas a favor de empresarios de la construcción.

El tribunal considera que se trata de “meras suposiciones” y que no se cumplen los requisitos para poder condenar a los procesados en base a la prueba indiciaria que sostienen las acusaciones. 

Condenado a tres años

Cabe recordar que Bustos fue condenado en el marco de esta macrocausa a tres años de cárcel por dos delitos de tráfico de influencias, pues quedó probado que intercedió para retirar multas de tráfico a sus familiares.

Además, tendrá que enfrentarse a otros tres juicios. En uno de ellos la fiscalía pide ocho años de prisión para el exalcalde por la presunta contratación irregular de empresas como presunto autor de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, así como tráfico de influencias.