Pere Aragonès ha conseguido el principal balón de oxigeno para evitar un adelanto electoral y cumplir con su intención de agotar la legislatura, convocando elecciones cuando toca: en febrero de 2025. El pleno del Parlament ha validado el decreto ley de prórroga presupuestaria en la Generalitat, que es un trámite necesario ante la ausencia de nuevas cuentas y que, hoy por hoy, el Govern sigue negociando con los partidos.
El decreto ha salido adelante con los votos favorables de PSC, ERC y En Comú Podem. Precisamente, las formaciones a las que el Govern necesita si quiere dar luz verde a los presupuestos. Han votado en contra Vox y la CUP, mientras que Junts, Ciudadanos y PP se han abstenido.
Confían en un acuerdo
El decreto no solo prorroga los presupuestos de 2023, sino también la ley de acompañamiento --ley de necesidades financieras del sector público-- y la de medidas en el ámbito de la reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa.
En este sentido, la consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, ha justificado la validación del decreto ley ante la ausencia de unas nuevas cuentas para este año. Ha dicho que se trata de cubrir las necesidades financieras que por razón de su urgencia no se pueden aplazar, aunque confía en poder llegar a un acuerdo. De hecho, se ha mostrado convencida de que pronto serán una realidad.
PSC: "Política útil"
Por su parte, la portavoz del PSC, Alícia Romero, ha expresado el apoyo de su partido al decreto "por responsabilidad" y por su intención de hacer "política útil". Aunque ha recordado la necesidad de que el Govern cumpla los compromisos adquiridos en 2023 para dar luz verde a las cuentas de 2024.
También la diputada de Junts, Mònica Sales, ha criticado la gestión del gobierno de Aragonès, aunque no se ha opuesto al trámite del decreto para "garantizar la continuidad de la actividad de las instituciones y de algunas entidades".