El traspaso de la gestión de Rodalies a la Generalitat debe empezar a ser una realidad antes de que acabe el año, cuando el Govern tiene previsto ya asumir al menos una línea o, incluso, dos.
El calendario que maneja el Ejecutivo catalán para este proceso, que forma parte de los acuerdos para el apoyo de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, también incluye la creación de la empresa mixta que tutelerá la transición en el transcurso de la primera mitad del año.
R1, la más sencilla
La consellera de Territorio, Ester Capella, eleva así la presión al Gobierno central, con el que comenzó a pactar las condiciones de este traslado a comienzos de año, a través de una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Capella ha desvelado en una entrevista concedida a Efe que la Generalitat cuenta con asumir ya en 2024 al menos la línea R1 (que discurre por el Maresme), que sería "la más sencilla", al menos a priori, aunque Capella apunta a que su opinión no está aún avalada por los técnicos.
Sociedad mixta
Pese a que parece buscar el camino más allanado para realizar el traspaso, la consellera no cierra la puerta a recibir una segunda línea en 2024, de las tres previstas en el acuerdo con Moncloa.
Para ello, un paso determinante será la constitución de la sociedad mixta Rodalies Catalunya, que asumirá los recursos humanos y materiales de Renfe en la Comunidad Autónoma y se encargará de tutelar el traspaso.
Voto de calidad para el Govern
Aunque el consejo contará con una representación paritaria del Gobierno central y la Generalitat, ésta tiene la potestad de nombrar al presidente, que contará con voto de calidad, aunque precisará de mayoría cualificada en el caso de las decisiones de carácter estratégico.
Este hito debería culminarse antes de que concluya el semestre, con la empresa "ya lista, presidida y con su composición establecida".
Compensar el déficit tarifario
En cuanto a la cuestión económica, el pacto recoge el abono de diversas partidas, valoradas en unos 500 millones de euros y que incluye el déficit tarifario, es decir, el montante a aportar por la Administración para financiar la parte que la actividad comercial del servicio (venta de billetes) no puede asumir.
La Generalitat estima que este déficit fue de algo más de 410 millones de euros en 2023.