Societat Civil ve las cesiones de Sánchez como una "extorsión de un prófugo que no necesita pisar suelo español"

Societat Civil Catalana (SCC) ha cargado contra las nuevas cesiones de Pedro Sánchez a Junts en materia de inmigración --si bien no hay nada concretado--. Considera que son fruto de la “extorsión” de un prófugo --refiriéndose a Carles Puigdemont--, que “no necesita pisar suelo español” para que el Gobierno quede “supeditado a los intereses espurios del etnoregionalismo excluyente”.

En este sentido, la entidad constitucionalista ha insistido en que las cesiones del miércoles, que se negociaron in extremis y de las que no hay detalles todavía, “rompen la igualdad entre todos los españoles y liquidan el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas”. Además, ahondan en el “vaciado del Estado, se pretende conferir competencias trascendentales a una comunidad gestionada por un régimen nacionalista”.

"Régimen sectario y discriminatorio"

En un comunicado, Societat Civil lamenta que los separatistas hayan “conseguido que se retire el artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que paralizaba la amnistía en caso de que la cuestión fuese elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. También, que hayan pactado “la reforma de la Ley de Sociedades que pretende forzar el regreso de las empresas que abandonaron Cataluña a raíz del proceso separatista”.

Pero más “grave” sería, dicen, si el Gobierno también les cede la gestión “integral” de las competencias de inmigración, “que la Constitución reserva en exclusiva al Gobierno al tratarse de una materia que requiere de una visión global y de unas políticas consensuadas”. Una reclamación que, de concretarse, consideran que permitiría a los separatistas “apuntalar el régimen social sectario, discriminatorio y excluyente que han impuesto en Cataluña desde hace décadas”.

Ante esta situación, la organización que preside Elda Mata ha apelado a la ciudadanía a “manifestar su desacuerdo en todos los medios a su alcance en una democracia, que van desde el voto hasta la protesta pública y la movilización pacífica”. “Debemos mantenernos firmes en nuestro compromiso con la democracia, la convivencia y los valroes constitucionales”, concluyen.