La Abogacía del Estado, en nombre de Aena, ha pedido personarse como perjudicada en la causa de Tsunami Democràtic por el asedio, los disturbios y los daños causados en el aeropuerto de Barcelona-El Prat en la convocatoria de esta plataforma ultranacionalista para protestar contra la condena a los mandatarios del procés catalán.

En su escrito, la Abogacía pide personarse como "actor civil" en la causa por terrorismo que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que dirige su investigación contra el expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

362.000 euros en daños

En concreto, la Abogacía pide al juez que le permita personarse en la causa como parte perjudicada por los casi 362.000 euros que tuvo que pagar el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) a Aena por los daños causados en dicha protesta, ocurrida en el aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de 2019.

A su vez, el CSS también ha pedido personarse en la causa como acusación particular.

Más de un centenar de vuelos cancelados

Según consta en el sumario del caso, el Consorcio de Compensación de Seguros indemnizó a Aena en 2020 con un total de 361.997 euros por los perjuicios causados en la ocupación del aeropuerto, que obligó a cancelar 115 vuelos: 58 de salida y 57 de llegada.



Por su parte, un informe del gestor de navegación aérea Enaire sobre la afectación de las protestas en el tráfico aéreo de El Prat de Llobregat dice que no se tuvo que desviar ningún vuelo a otro aeropuerto.



Según el informe, al que ha tenido acceso EFE, a raíz de los disturbios "hubo dificultad" para que los controladores aéreos que prestan servicio en la torre de control Barcelona-El Prat y en el centro de control Barcelona-Gavà llegaran a sus puestos de trabajo a la hora establecida para el turno de tarde.



Ello obligó a disminuir la demanda de vuelos en el espacio aéreo de la aproximación de Barcelona, para adaptarse a la capacidad de gestión de los controladores disponibles en el servicio, aunque esas regulaciones se revirtieron en cuanto se fue confirmando que los técnicos podían acceder a sus puestos de trabajo.



Durante esas dos regulaciones, según Enaire, 11 vuelos de origen o destino al aeropuerto de El Prat sufrieron demoras medias de 16 minutos, y se tuvieron que cancelar 115 vuelos porque las tripulaciones y pasajeros del aeropuerto no podían llegar a tiempo al embarque.

Un turista francés fallecido

Por su parte, la conselleria de Interior de la Generalitat de Cataluña ha respondido al juez que ya no conserva información sobre la llamada que se efectuó al teléfono de emergencias 112 para requerir asistencia médica a un turista francés que murió por un paro cardíaco cuando se dirigía al aeropuerto de El Prat durante el asedio.



Según dice el Govern secesionista en un oficio, los datos contenidos en los ficheros del servicio de emergencias 112 se conservan como máximo durante dos años, salvo que exista un proceso judicial abierto en relación con el incidente.

El instructor ha puesto el foco en las protestas en El Prat, concretamente en la muerte de dicho turista francés a causa de un infarto al considerar que las movilizaciones ultranacionalistas pudieron influir en su fallecimiento

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