La Generalitat de Cataluña hace caja con sus multas lingüísticas a quienes no rotulan sus negocios y establecimientos privados en catalán. El Govern secesionista se embolsó en 2022 un total de 112.606 euros con 68 sanciones por este concepto.
Dicha cantidad multiplica casi por siete el dinero que ingresó en 2021, cuando ingresó 17.350 euros con 16 sanciones, según publica este martes el diario La Razón. A lo largo de la década del procés se han llegado a multiplicar por diez.
Catalán obligatorio
La Agència Catalana de Consum de la Generalitat se embolsó 3.344.187 de euros en 2021 con sus sanciones contra empresas que incumplieron la Ley del Código de Consumo autonómica, aprobada por el Parlament en 2010, y que obliga a usar el catalán en los servicios y productos que se venden en Cataluña. De esa cantidad, 17.350 euros correspondieron a lo que el Govern secesionista llama "vulneración de los derechos lingüísticos".
En 2022, según dicho medio, las multas fueron 456. Una cifra menor a la del año anterior, pero que triplica las del primer año de la medida, 2010.