Las entidades afines a los mandatarios de la Generalitat continúan su cruzada contra el bilingüismo en las escuelas de Cataluña incluso después de conocerse los pésimos resultados de su sistema educativo, desvelados la semana pasada en el informe PISA. Una de ellas, Òmnium Cultural, ha anunciado este miércoles la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) en contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que en octubre ordenó que una alumna de un colegio de Canet de Mar pueda recibir una asignatura en castellano, además de la asignatura de Lengua.
La entidad ultranacionalista catalana considera "perverso, contradictorio y claramente arbitrario" que el tribunal dicte resoluciones en la misma línea que había hecho antes de que la Generalitat elaborara una legislación a posteriori para burlar, precisamente, esas sentencias judiciales firmes que obligan a que al menos un 25% de las clases se impartan en castellano en Cataluña. Un porcentaje fijado en su día por la justicia en aras de garantizar el derecho constitucional a recibir la enseñanza también en esta lengua.
"Los jueces y magistrados no pueden decidir"
Pero, a juicio de Òmnium y de su abogado -el exdiputado de la CUP Benet Salellas- "los jueces y magistrados no pueden decidir el modelo educativo, solamente pueden valorar la adecuación a dicho modelo establecido por el legislador de las decisiones que adopte la administración educativa". Una consideración que critica la actuación del Poder Judicial y, en concreto, del TSJC.
El recurso de la entidad ultranacionalista, que dice actuar en representación de algunos familiares de alumnos de la escuela Turó del Drac de dicha localidad barcelonesa, esgrime que supuestamente se ha vulnerado su derecho a un juez predeterminado por la ley, y recuerda que recusó al magistrado Javier Aguayo, presidente de la Sala Contenciosa del TSJC.
Bilingüismo
La sentencia del TSJC que recurre Òmnium estimó el recurso de la familia de un alumno contra la decisión de la conselleria de Educación del Govern secesionista al rechazar su petición de modificar el régimen lingüístico educativo de la escuela, monolingüe y obligatorio en catalán.
El fallo del tribunal reconoció "como situación jurídica individualizada, el derecho del actor a que, mientras su hija permanezca escolarizada en el sistema educativo catalán, reciba de forma efectiva en castellano, aparte del área de conocimiento", otra asignatura troncal.
La demanda que originó el procedimiento reclamaba que la menor recibiera al menos un 25% de horas lectivas en castellano y quería anular el proyecto lingüístico de la escuela por otro con "una presencia equilibrada de la vehicularidad en la enseñanza de las dos lenguas oficiales", algo lo que los mandatarios ultranacionalistas de la Generalitat se negaron.