El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès eleva el tono y exige al Gobierno de España que desclasifique todos los documentos del caso Pegasus.
El republicano ha declarado durante 45 minutos en el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona este miércoles y en su declaración ha atribuido al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el espionaje telefónico que sufrió en enero de 2020.
Aragonès ha señalado que la exdirectora del CNI, Paz Esteban y la empresa israelí NSO -desarrolladora y comercializadora de Pegasus- podrían haber cometido varios delitos por infectar su teléfono móvil cuando era vicepresidente del gobierno de Quim Torra.
Llegará hasta el final
Después, a las puertas de la Ciudad de la Justicia, el presidente catalán ha atendido a los periodistas, acompañado de su abogado Andreu Van den Eynde. En sus declaraciones, Aragonès ha ratificado su querella y advertido de que "llegará hasta el final" para que "se conozca la verdad".
Según Aragonés, levantar el secreto de las actuaciones del CNI, además de ser una "obligación moral de todas las instituciones públicas involucradas", es un paso imprescindible para que ningún ciudadano vuelva a ser espiado por causas ideológicas.
Vigilancia autorizada a 18 dirigentes del 'procès'
En su auto, el juez encargado de la causa reclama al CNI información sobre la supuesta compra y uso de dicho software, y dirige un exhorto al magistrado del Tribunal Supremo (TS) responsable del control judicial al control de inteligencia español para que certifique si autorizó el uso de dicho programa para vigilar a Aragonès.
Cabe recordar que Esteban reconoció la vigilancia a 18 políticos catalanes por parte del CNI, pero siempre con aval judicial. Esta cifra dista mucho de las 65 personas espiadas en el marco del caso Pegasus.
Desmontando el informe de CitizenLab
La imputación de Paz Esteban por el supuesto espionaje con Pegasus a algunos mandatarios secesionistas a raíz de su papel en el procés catalán se basa en parte en un informe de CitizenLab -una entidad dependiente de la Universidad de Toronto- elaborado a instancias de estos últimos.
Posteriormente, el pasado 9 de marzo, se presentó El caso Pegasus, una revisión crítica del informe Catalangate de CitizenLab. El documento, que consta de 236 páginas fue elaborado por el profesor de Ciencias Políticas y de la Administración de la UNED José Javier Olivas y desmonta el primero, señalando numerosas deficiencias que ponen en duda su credibilidad.
Según Olivas, hay una evidente falta de rigor metodológico, de neutralidad y de transparencia en el estudio de CitizenLab, así como llamativos conflictos de intereses los que se aferraría el secesionismo catalán paratratar de desacreditar a España y sus instituciones democráticas.Entre ellos, el hecho de que uno de sus autores sea el activista independentista, Elies Campo, que a su vez es uno de los supuestos espiados.