La falta de contadores impide a 71 municipios catalanes controlar su gasto de agua en plena sequía

Según los datos que baraja la Agencia Catalana del Agua (ACA), 71 de los 947 municipios catalanes no disponen de contador, lo que impide conocer el consumo de agua en hogares y establecimientos, con la fase de emergencia por sequía extrema a la vuelta de la esquina. 

Así, un 8% de localidades de Cataluña, --casi la mitad en la provincia de Lleida-- no puede fomentar el ahorro ni penalizar consumos excesivos.

La mayoría de ayuntamientos o gestores del agua en esta situación aplican una tasa anual por vivienda. Por ejemplo, Alcarràs, con 9.637 habitantes, o los nueve municipios de la Vall d’Aran, con más de 10.000, ha informado Segre.

Inversiones "más urgentes"

El alcalde de Alcarràs, Gerard Companys ha explicado que lo que pagan los vecinos  son, principalmente, impuestos vinculados al agua y servicios como el tratamiento o la red de alcantarillado, ya que el consumo lo cubre una eléctrica por un convenio con el consistorio.

Companys ha reconocido que la ACA ha hecho varios requerimientos para que se solvente esta carencia. Sin embargo, descarta invertir en la instalación de contadores a corto plazo porque hay inversiones "más urgentes, como la construcción de depósitos bajo cubierta".

Precio fijo anual

El alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano también ha explicado que históricamente se ha cobrado un precio anual por el agua, en el que van incluidos los servicios y los impuestos. Este precio está fijado para 2024 en 37 euros por vivienda. 

Pese a todo, en el Pirineo se calcula que más de la mitad de los ayuntamientos han instalado medidores de consumo.

Sanciones para el despilfarro

Según datos de la ACA, los vecinos de Aran, Pallars Sobirà, Alt Urgell y la Cerdanya consumen más de 200 litros por habitante y día y Les Garrigues, el Urgell, la Segarra y el Solsonès, menos de 120.

Cabe recordar que, según dijo el presidente de la ACA, Samuel Reyes, en una entrevista en Via Lliure, en RAC1, los catalanes deberían hacer un esfuerzo y reducir su consumo a 90 litros diarios por persona y día en casa, y 110 adicionales teniendo en cuenta los servicios y edificios públicos que se usan diariamente, como gimnasios, bibliotecas o escuelas.

Para los casos de despilfarro habrá sanciones, advirtió Reyes. "Ya se está redactando una ordenanza tipo.