Fiscalía reduce a siete meses la inhabilitación de Bustos por la pieza 33 del 'caso Mercurio'

Fiscalía ha reducido de dos años a siete meses su petición de inhabilitación contra el exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos (PSC), y a dos de sus colaboradores -los jefes en 2102 de la Policía Municipal, Josep Miquel Duran, y de Urbanismo, Manuel Somoza- por un supuesto delito de omisión del deber de perseguir delitos.

Se trata de la pieza número 33 del caso Mercurio contra la corrupción en el Ayuntamiento de Sabadell, y del que este lunes se cumplen 11 años.

La defensa pide su absolución

Por su parte, la defensa pide la absolución de los tres, en un juicio que comenzó el pasado 10 de noviembre en un juzgado de Sabadell y que, tras cinco horas, ha quedado visto para sentencia.

La Fiscalía ha solicitado la reducción por la aplicación del atenuante de dilación injustificada del procedimiento por parte del ministerio público, una petición a la que se ha adherido también el abogado de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, Raúl Barroso, que ejerce la acusación popular.

Conversaciones grabadas

Los hechos parten de una reunión del 3 de junio de 2010, cuando un empresario grabó unas conversaciones del portavoz del PP, Jordi Soriano, en las se refería a sobornos a cambio de licencias de obras en Sabadell.

Tras la reunión, de junio de 2010, "ni Bustos ni nadie de su equipo denunciaron ni investigaron nada", sostiene la acusación y, de ahí, el posible delito de omisión del deber de perseguir el delito.

La fiscal ha remarcado en su alocución que remarcó que la inhabilitación especial se sustenta en las obligaciones de los cargos de la administración para el alcalde, y de la función pública para el resto.

También ha señalado que "no era necesario tener la certeza absoluta de la comisión de un delito, sino que basta con tener una sospecha razonable, para perseguir el delito de cohecho".

El ministerio público cree que las conversaciones telefónicas de 2010 prueban la existencia del lápiz de memoria que contenía las grabaciones de las llamadas con Soriano.

Bustos se siente "víctima"

Por su parte, el exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha declarado hoy que él "también es una víctima de Jordi Soriano", el exconcejal del PP en Sabadell involucrado en el caso Mercurio.

Bustos ha señalado a Soriano en su alegato final de la pieza 33 del caso Mercurio, en la que el exalcalde socialista está acusado de encubrir a Soriano, sospechoso de cobrar comisiones ilegales de empresarios.

"Me siento víctima. ¿Sabían que había algunos sinvergüenzas en el año 2010 y lo dejaron estar hasta el año 2012 para ver si encontraban algo más?”, ha declarado Bustos, quien ha asegurado estar "pagando un precio que no se puede ni imaginar" y, en este sentido, ha pedido a la fiscalía que "no especule”.

El exalcalde de Sabadell se ha preguntado por qué Jordi Soriano no ha sido citado en este juicio y ha opinado que "el caso Mercurio ha sido una persecución política contra mi persona". Así, ha pedido varias veces "clemencia" a la fiscal y también que "cambie un poco el foco de atención", en referencia al mencionado Soriano, que no está imputado en esta pieza.

Argumentos de la defensa

Por su parte, la defensa de Manuel Bustos, que pide su absolución, recuerda que los hechos ocurrieron hace 13 años y esto justifica el olvido de parte de los hechos por parte de los implicados.

También lamenta que se le suponga a su cliente multitud de información que, en cambio, ha costado recopilar durante todo este tiempo y con muchas actuaciones especiales.

La defensa ha calificado de "informaciones inconcretas" y "en base a rumores" todas las acusaciones que se vierten sobre el lápiz de memoria que se ha encontrado.

Es el cuarto juicio de la causa de corrupción sobre el Ayuntamiento de Sabadell, en una pieza que afecta al inicio del caso con las sospechas de sobornos.

Condenado tres veces y en tercer grado

Bustos ha sido condenado ya tres veces: por enchufar a una persona en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona); por hacer retirar dos multas de tráfico a sus familiares y, a título lucrativo, para beneficiarse del uso personal de una tarjeta corporativa del gerente del Consorcio de Residuos, Paco Fernández.

A raíz de la sentencia sobre las multas, de 36 meses de prisión, ingresó en Lledoners en enero de 2022, donde cumple condena, aunque dispone del tercer grado desde hace meses.