Los comités de empresa de Renfe y Adif han convocado cinco días de huelga para protestar contra el traspaso de las competencias de Rodalies a la Generalitat de Cataluña, tal y como recoge el acuerdo de investidura firmado por el PSOE y ERC la semana pasada. Los paros están previstos para los días 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre. La movilización está convocada por UGT y CCOO.
Desde que se dio a conocer el acuerdo entre ambas formaciones, todos los sindicatos han criticado este pacto por "falta de información" sobre cómo afectará a las condiciones laborales de las plantillas. Desde el Ministerio de Transportes insisten en que se trata asolo de un acuerdo político que no aborda, por ahora, aspectos técnicos sobre cómo se llevaría a cabo este traspaso.
El Govern asegura que no habrá privatización
En paralelo, el Govern ha asegurado que se garantizarán las condiciones laborales de todos los trabajadores y que se creará un convenio de colaboración entre Generalitat y Renfe para facilitar la movilidad laboral.
Un convenio que, según el Govern, recogerá el respeto de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores. El ejecutivo catalán se ha comprometido con las organizaciones sindicales a explicarles cómo se realizará el traspaso y ha asegurado que la gestión seguirá siendo 100% pública.
Pedro Sánchez (PSOE) y Pere Aragonès (ERC), en la Moncloa en una imagen de archivo
La Generalitat controlará tres líneas
Si los socialistas y Sumar consiguen finalmente sacar adelante la investidura, en principio, se traspasará únicamente las vías que sirven a las líneas R1, R2 y R3. Más adelante se analizará el conjunto de la red catalana para futuros traspasos, siempre y cuando no afecten a los tráficos ferroviarios de más de una comunidad autónoma.
De hecho, se negociará el traspaso de líneas como la R4. Fuentes del Govern explican que "hay que concretar las líneas donde compartimos con mercancías, qué tramos pasarán a la Generalitat y cuáles se quedará el Estado, que serán mayoritariamente los servicios de mercancías".
Nueva empresa pública
En el marco de este acuerdo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha accedido a crear una nueva empresa pública que se llamara Rodalies de Catalunya. Su consejo de administración estará participada al 50% entre el Estado y la Generalitat; el Govern tendrá la potestad de elegir al presidente de la corporación.
También se han acordado nuevas condiciones para el fondo de liquidez autonómica y una condonación parcial de la deuda que afectará a más autonomías más allá de Cataluña. De este modo, se facilitará que la Generalitat tenga un mejor "acceso a los mercados" para emitir deuda.