La ley de amnistía acordada por el PSOE con ERC y Junts per Catalunya a cambio de lograr su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ha sido acogida con entusiasmo por parte de los dirigentes de estos dos partidos beneficiarios de la misma. Es el caso del presidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, que tras dar por hecho ese objetivo, ahora redobla sus exigencias al Ejecutivo socialista.
Aragonès ha dejado claro este miércoles que su partido no se conforma con la impunidad para los autores del golpe secesionista al Estado de 2017, pues tiene otras aspiraciones: entre ellas, resolver lo que llama "conflicto político" de los nacionalistas catalanes, "corregir el déficit fiscal" y obtener el traspaso total de la red de Cercanías (Rodalies) de Renfe a la Generalitat, que desde hace años ya tiene buena parte de sus competencias.
"Desbloquear la ley de amnistía para dar cobertura a todos los represaliados era imprescindible. Lo hemos hecho, tenemos acuerdo. Ahora, hay que avanzar para un acuerdo más amplio: resolución del conflicto político y bienestar de la gente, con el traspaso de Rodalies y corregir el déficit fiscal", ha manifestado el mandatario de ERC en la red social X.
Impunidad para delitos de corrupción y terrorismo
Según publica El Español, esa ley de amnistía que se ha negociado en secreto a espaldas de la ciudadanía española, y después de que el presidente Pedro Sánchez y otros líderes del PSOE prometieran antes de las elecciones del pasado 23 de julio que nunca se produciría por ser ilegal, afectaría a los encausados por delitos de desobediencia, corrupción y terrorismo. Entre los beneficiarios en este último caso se encontrarían los imputados por los graves disturbios y sabotajes causados en Cataluña por los autodenominados Comitès de Defensa de la República (CDR) y en las manifestaciones convocadas por la organización ultranacionalista Tsunami Democràtic. En esta última causa están siendo investigados -entre otros- la secretaria general de ERC Marta Rovira y el diputado de este mismo partido Rubén Wagensberg, acusados por el juez Manuel García Castellón como presuntos responsables de los sucesos violentos ocurridos tras las condenas por sedición, malversación y/o desobediencia a los líderes del procés en 2019.