La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha enviado al Parlament un informe en el que señala 10 casos y prácticas irregulares en materia de personal y de derecho de acceso a la información pública.

La actuación de Antifrau, que ha culminado con este informe, empezó a raíz de una denuncia anónima que exponía "posibles irregularidades en materia de personal y transparencia", según explica la propia OAC en un comunicado este jueves.

Irregularidades

En materia de personal, Antifrau señala entre esas prácticas irregulares las llamadas licencias por edad -los pagos otorgados a funcionarios de la Cámara catalana que, antes de jubilarse, cobraban íntegramente su sueldo sin ir a trabajar-; las primas por jubilación y premios de vinculación; la provisión en el lugar de oyente de cuentas; la ampliación de una plaza en el concurso de letrados, la ampliación de plazas en el concurso de ujieres; un conflicto de interés de la secretaria general; puestos de mando pendientes de cumplir; la creación de "puestos instrumentales" vinculados a procesos de estabilización; la selección de interinos de refuerzo y el incremento de personal eventual.

Plaza de ujier para el hijo de una exsecretaria

Entre esas anomalías, Antifraude cuestiona en su informe el proceso de selección de una plaza de ujier que, en mayo de 2019, se asignó a un hijo de la exsecretaria general del Parlament Esther Andreu -mano derecha de Laura Borràs durante su mandato- lo que acabó derivando en su dimisión por la polémica desatada por no haber comunicado esa circunstancia a la Mesa.

La OAC insta al Parlament a revisar el proceso de selección por el que se nombró el ujier para determinar si hubo "trato de favor" y conflicto de intereses. Según Antifraude, es necesario que el Parlament "revise el conjunto de procedimientos" vinculados a esa plaza "para confirmar las irregularidades". E insta a la Cámara a informar del resultado de esa revisión y de las "medidas que considere poner en marcha al respeto".

Sin noticias de una exigencia de responsabilidades

El informe concluye que la exsecretaria general "se encontraba en una clara situación de conflicto de interés real en su intervención" en ese proceso de selección, puesto que concurría una "causa de abstención" por su relación de parentesco con uno de los aspirantes.

La Oficina Antifraude advierte además de que el Parlament no le ha informado de que haya efectuado "algún tipo de actuación correctora y/o exigencia de responsabilidades, pese a que en un análisis preliminar ya se pusieron de manifiesto "un número importante de incidencias que generaban dudas razonables sobre su correcta tramitación".

Funcionarios de la Cámara que cobraban sin ir a trabajar

Antifraude concluye además en su informe que las licencias de edad, una figura que permitía a funcionarios de más de 60 años cobrar el sueldo íntegro sin ir a trabajar, no estaban debidamente motivadas, por lo que insta a aplicarles el "régimen de revocaciones" y los "efectos" que puedan derivarse de esa irregularidad.



Respecto a las primas por jubilación y premios de vinculación que otorga el Parlament, el informe insta a la Cámara a revisar el "encaje normativo" de esas gratificaciones y la validez de los pagos, ante la posibilidad de que sean "nulos de pleno derecho".



Según ha informado el Parlament en un comunicado, la presidenta de la Cámara catalana, Anna Erra, ha encargado al secretario general un informe sobre "el contenido y alcance" de la resolución de Antifraude y ambos documentos serán abordados en la próxima reunión de la Mesa.

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