Mireia Boya ha generado un problema en la consejería de Acción Climática, liderada por David Mascort, por la transposición en Catalunya de la normativa estatal y comunitaria que obliga a las ciudades a reducir emisiones. La expolítica de la CUP, fichada por ERC para ocupar la dirección general de Calidad Ambiental y Cambio Climático en la legislatura en curso, ha generado un seísmo con los municipios del ámbito metropolitano. El malestar es tal que estas localidades se han organizado y han presentado este martes su propia Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers, Rubí, Mollet, Vilanova i la Geltrú, Martorell y Vilafranca del Penedés han pactado unos criterios comunes para evitar que los vehículos más contaminantes transiten por sus almendras centrales. De las siete de la mañana a las ocho de la tarde de los días laborales, sólo serán accesibles para los que tengan un distintivo ambiental de 0 emisiones (azul), un Eco, un C (verde) o un B (amarilla) de la DGT.
Amenaza de un decreto catalán
Habrá excepciones y moratorias de aplicación, hecho que convierte la ZBE nacida de la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano de Barcelona en una norma mucho más laxa de la que se intentó aplicar en Barcelona. Pero lo importante de su presentación no está sólo en el contenido de la misma. Su puesta de largo es el disparo de salida del pulso entre la Generalitat y las localidades donde vive el grueso de la población de Cataluña por cómo se aplican los recortes.
David Mascort, 'conseller' de Acción Climática
Boya ya ha hablado. En declaraciones a los medios públicos, ha tildado de “maniobra política” la normativa metropolitana y ha negado que el Govern trabaje en un nuevo decreto que unificará las ZBE de las localidades de más de 50.000 habitantes de toda Cataluña. Sí que ha reconocido que existen unos “mínimos” que la Generalitat exigirá que los ayuntamientos cumplan, pero sin definir la fórmula legal exigida para plasmar estos “mínimos”.
El Govern reordena las ZBE de forma unilateral
Además, ha afirmado que se han definido “fruto de un trabajo conjunto de los últimos tres años con los ayuntamientos catalanes de más de 50.000 habitantes”. Los que integran la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano, que cumplen este criterio de población, han negado que se haya mantenido un espacio de diálogo.
El mensaje lanzado tanto a Boya como al conjunto del Govern de Pere Aragonès ha sido claro: les piden negociar con el municipalismo la aplicación de normativas que les afecte.
Decreto catalán de las ZBE
La presidenta del Arco, la alcaldesa de Sabadell Marta Farrés, ha reconocido que su iniciativa sólo prosperará si la Generalitat no implementa “un decreto que está en estudio”. La consejería anunció a los alcaldes de este territorio que lo iba a implementar en una reunión que tuvo lugar el pasado lunes 23 de octubre. Señaló que pretendía unificar todas las ZBE del ámbito catalán sin concertación con las poblaciones afectadas.
Los alcaldesa de las ciudades de la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano de Barcelona
De hecho, desde el Arco manifiestan que el objetivo del encuentro fue presentarles el decreto de la Generalitat que se pretende aplicar de forma unilateral. Boya, de hecho, ya ha avanzado que la propuesta del Arc no cumple con lo que fija la Unión Europea.
Boya, de la CUP al Govern
Hace justo un año, Acción Climática anunció el fichaje de la exdiputada antisistema. Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y doctora en gestión y ordenación del territorio por la Universidad de Montreal (Canadá). Su llegada al departamento por aquel entonces dirigido por Teresa Jordà fue interpretado un intento de nombrar cargos de confianza con un mínimo de conocimientos técnicos.
Pero su influencia en la gestión diaria de la consejería ha sido más que testimonial. Relevó en el cargo a Marc Sanglas, un republicano con una larga trayectoria en la gestión municipal que dio el salto a la Consejería de Territorio como número dos del departamento. La extensión de las zonas de bajas emisiones se perfila como el primer gran reto de la alta cargo, y ha empezado con polémica por el conflicto local.