El escándalo de la multa impagada de un coche camuflado de la Policía Municipal de Palamós que fue pillado in fraganti superando los límites de velocidad hace dos años ha acabado estallándole en las manos al ayuntamiento de esta localidad gerundense. Y es que, según se ha podido saber ahora, el vehículo en cuestión no lo conducía un agente, sino el concejal de Seguridad, Alfons Bartolomé, acompañado por su alcalde, Lluís Puig, ambos de ERC. Razón por la cual el sindicato CSIF y partidos de la oposición han exigido este viernes la dimisión de ambos, al considerar que mintieron y no son dignos de ejercer sus cargos.
El caso llegó a los tribunales y ello ha permitido ahora obtener la fotografía despixelada del momento de la infracción que derivó en la multa, impuesta en septiembre de 2021. El alcalde Puig ha acabado reconociendo los hechos, aunque ha negado que hubiera intentado ocultarlos, limitándose a argumentar que si no lo hizo antes fue porque no los recordaba con exactitud.
El mandatario secesionista ha explicado que el concejal Bartolomé se hará cargo del pago de la multa con intereses. Asimismo, ha negado la relación del suceso con el expediente abierto en su día a un agente de Policía Local -delegado de CSIF- que cuestionó la investigación municipal y denunció que en realidad no conducía un agente, sino un regidor, como finalmente se ha demostrado en las fotografías.
"Los culpables eran ellos, y lo negaban"
Las manifestaciones de Lluís Puig han provocado que CSIF haya pedido su dimisión y la del concejal implicado, al considerar que son personas "totalmente incapacitadas para desempeñar cualquier cargo público".
"Han mentido, han engañado, han abierto un expediente disciplinario a un delegado nuestro", detalla el sindicato en un comunicado en el que añade que, al final, en este caso, se ha descubierto que "los culpables eran ellos, cuando siempre en el pleno habían negado que ellos pudieran saber quién conducía".
Som-hi per Palamós se suma a la petición de cese
El CSIF asegura que la multa inicial de 150 euros se ha convertido con el paso del tiempo en una sanción por un importe económico muy superior, lo que demuestra, incide el sindicato, que además son "mentirosos" y se marca "el camino para la vía penal".
La exalcaldesa Teresa Ferrés, ahora líder del grupo municipal Som-hi per Palamós i Sant Joan, también ha pedido la dimisión de Lluís Puig, quien ha convocado por este asunto a la junta de portavoces para el próximo lunes.
La historia
La infracción de tráfico la captó en su día un radar móvil de los Mossos d'Esquadra, razón por la cual el Servei Català de Trànsit (SCT) de la Generalitat impuso una multa de 300 euros y la pérdida de dos puntos en el carnet del conductor. El consistorio abrió entonces un expediente informativo para averiguar de quién se trataba, pero lo cerró poco después argumentando que era imposible saberlo. A causa de esto, la multa pasó a triplicarse: 900 euros. Y el ayuntamiento la pagó.
Tras ello, el delegado sindical de la Policía Local acusó al Ayuntamiento de Palamós -también gobernado por ERC la pasada legislatura- de no haber hecho todo lo posible para revelar la identidad del conductor del vehículo policial. Una acusación que le acabó costando la apertura de un expediente y una suspensión de empleo y sueldo de seis meses.
El castigo, sin embargo, acabó volviéndose en contra del consistorio, puesto que el delegado en cuestión recurrió judicialmente la decisión, y solicitó además que se despixelara la fotografía de la multa de Trànsit para averiguar si el conductor era un policía municipal, o bien, un concejal. Este aclarado de la imagen, según CSIF, es el que ha permitido saber quiénes iban del vehículo ese día.