Más exigencias de Junts per Catalunya en plenas negociaciones de investidura. La formación posconvergente ha cifrado en 450.000 millones de euros la "deuda histórica del Estado con Cataluña" y ha pedido la condonación parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
El partido capitaneado por Carles Puigdemont ha calculado esta cifra, inédita hasta ahora en las reclamaciones del independentismo, teniendo en cuenta 50.900 millones en déficit de infraestructuras, 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones "en los últimos treinta años de infrafinanciación". Los números de Junts son el resultado de una comisión de estudio sobre la deuda histórica del Estado con Cataluña, creada a petición del partido en diciembre de 2021.
Guerra de cifras entre 'indepes'
La estimación se da a conocer días después de que el Departamento de Economía y Hacienda, dirigido por la consejera Natàlia Mas, publicara las balanzas fiscales de 2020 y 2021. Pese a que la republicana elevó el déficit fiscal en este último año hasta casi 22.000 millones de euros, la cifra manejada por Junts va mucho más allá al tener en cuenta el supuesto saldo negativo de los últimos 30 años de gobiernos autonómicos.
Pero el partido no ha ofrecido detalles sobre la metodología empleada para sacar sus cuentas. Cabe destacar que el cálculo del déficit fiscal por parte de la consejería ya está cuestionado por los especialistas, que afean la falta de datos de la Generalitat y el uso del método de flujo monetario en vez del de carga y beneficio.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, participa en una conferencia
Una Seguridad Social catalana
No quedan ahí las exigencias para negociar la investidura. Junts también ha pedido el traspaso pleno de las competencias a la Agencia Tributaria de Cataluña para que la Generalitat pueda recaudar todos los impuestos y prever, eventualmente, una "cuota de solidaridad entre Cataluña como nación y el Estado español". Se trataría de reproducir el cupo de los llamados territorios históricos de País Vasco y Navarra.
En materia de pensiones, la organización plantea que la comunidad disponga de un sistema propio a través de una Agencia de Seguridad Social Catalana. Para ello propone que el Estado transfiera a la Generalitat el importe acordado en concepto de "hucha de pensiones".
Ambas medidas supondrían la consolidación en Cataluña de un modelo económico de corte confederal ajeno al texto constitucional.
Traspaso de los fondos europeos
En cuanto a las infraestructuras, pide que el Estado "compense la transferencia de la liquidación de presupuestos en infraestructuras que no se han cumplido durante los mandatos del presidente Pedro Sánchez".
Además, insta a "fijar plazos para proceder al pago" de la disposición adicional tercera del Estatuto y la cesión del 19% de los fondos europeos.