El exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, se sentará en el banquillo de los acusados por una de las piezas del caso de corrupción conocido como caso Mercurio, en el cual la acusación popular pide para él ocho años de cárcel por tráfico de influencias al colocar a militantes en el Consorcio de Residuos y en el AMB, según ha publicado el digital Isabadell.cat.
Según ha hecho público la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció (SBDLC), los investigados hasta ahora pasan a ser procesados y se está a la espera de la fecha para la celebración del juicio oral.
En la pieza 31, quien fue alcalde de Sabadell durante 13 años con el PSC, Manuel Bustos, está acusado de un delito continuado de tráfico de influencias y también de falsedad documental, prevaricación y malversación de fondos públicos.
La acusación popular pide que le condenen a ocho años de cárcel y también solicita cinco años de inhabilitación y la imposición de una multa de más de 205.000 euros.
Acusaciones también contra su hermano
En esta misma causa está acusado el hermano del exalcalde, Paco Bustos, quien en el momento de los hechos era concejal de Sabadell, máximo responsable del PSC en el Vallès Occidental Sur y consejero comarcal.
Para él, las acusaciones piden cinco años de cárcel, cinco de inhabilitación y multa de 5.500 euros por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de fondos públicos.
También está a un paso de juicio por la pieza 31 Francisco Fernández, gerente del Consorcio de Residuos en el momento de los hechos. Fernández se enfrenta a 12 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa.
Según ha hecho público la Plataforma SBDLC, en concepto de responsabilidad civil los tres se exponen a tener que indemnizar al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) con el importe equivalente al sueldo que cobró C. S., la persona contratada como asesora del grupo PSC-PSOE entre septiembre de 2012 y marzo de 2013.
En esta pieza, además de la fiscalía, el Consorcio de Residuos del Vallès Occidental está personado como acusación particular y la plataforma Sabadell Libre de Corrupción como acusación popular.
Empresarios y funcionarios
En cuanto a la pieza 21, el juez deja a un paso de juicio a una decena de empresarios y funcionarios por, presuntamente, haberse conjurado a la hora de realizar unas obras ilegales en un local de Sitjas Motor SL y eludir el pago de los correspondientes impuestos municipales.
La cifra presuntamente esquivada es de 1.800 euros en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) por el incremento de la superficie comercial del concesionario de vehículos.
El empresario Antoni Sitjas y el constructor Carles Adrobau se enfrentan a un año y ocho meses de cárcel, y a una multa de 24.000 euros por falsedad documental.
También está acusado el propietario de la empresa constructora que realizó las obras, Melquíades Garrido, tío de Manuel Bustos y presidente del Gremio de Constructores.
Para este constructor las acusaciones piden una pena de tres años de cárcel y 28.000 euros de multa por tráfico de influencias y falsedad documental.
La instrucción de ambas piezas está ahora cerrada y se pasa a estar a la espera del juicio oral.