Junqueras, Romeva y Bassa recurren sus inhabilitaciones al Constitucional tras los indultos y rebajas del Código Penal

Los indultos, la derogación del delito de sedición y la rebaja del de malversación en el Código Penal impulsados desde el Gobierno para beneficiar a los mandatarios del procés secesionista de Cataluña no han resultado suficientes para sus beneficiarios. La salida de prisión no les basta, y mientras sus respectivos partidos -ERC y Junts per Catalunya- exigen ahora una amnistía para dar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez (PSOE) como presidente del Gobierno, los afectados empiezan a recurrir al Tribunal Constitucional para que también se les exima de las penas de inhabilitación.

Así ha ocurrido con el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y sus exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa -todos ellos de ERC-, que han presentado sendos recursos para que el Constitucional revise la decisión del Tribunal Supremo (TS) de mantenerles las penas de inhabilitación después de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación por la organización del referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de Cataluña de 2017.

Así lo ha anunciado ERC en un comunicado, donde explica que Junqueras, Romeva y Bassa insisten a la corte de garantías en que, según ellos, "no se les ha aplicado la ley vigente".

Amenazan con ir al TEDH

Los exmandatarios secesionistas han dado este paso después de que el Supremo rechazara los incidentes de nulidad que presentaron contra dicha revisión y para "agotar la vía interna" antes de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Los condenados exigen que se les suspenda la ejecución de la pena de inhabilitación "a fin de evitar un daño irreparable a los derechos civiles y políticos implicados" tanto de los recurrentes como de las personas que, a través de ellos, ejercen su derecho de participación política, según dice el recurso de amparo de Junqueras.

"Lesión de derechos fundamentales"

El recurso del presidente de ERC aduce que "Junqueras ha pasado ya cerca de seis años sin poder ejercer de forma efectiva ningún cargo público ni representativo", y sostiene que "la demora en la resolución de la presente demanda abundaría aún más en la lesión de los derechos fundamentales alegados".

Junqueras fue condenado en su día a 13 años de cárcel -de los que cumplió tres al haberse beneficiado del indulto del Gobierno- y también de inhabilitación por sedición y malversación. Tras las rebajas del Código Penal, el Supremo cambió el delito derogado por uno de desobediencia y mantuvo la malversación en su versión agravada, por lo que dejó intacta la pena de inhabilitación, lo que supone que no podrá aspirar a ningún cargo público hasta 2031.

Lo mismo ocurrió en los casos de Romeva y Bassa, que se quedaron con los 12 años de inhabilitación que recibieron en 2019, y siguen inhabilitados hasta 2030.