El Gobierno de Andorra ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de la lengua oficial, que entre otras medidas incluye la obligación de acreditar un nivel mínimo de catalán para poder obtener la primera renovación del permiso de residencia y trabajo.
La ministra de Cultura, Juventud y Deportes, Mònica Bonell, ha manifestado en una rueda de prensa que la lengua oficial del país es "una responsabilidad de todos" y una herramienta valiosa para la identidad y soberanía, por lo que los poderes públicos deben garantizar su supervivencia, según sus palabras.
Los más afectados, asalariados extranjeros
Entre los cambios destacados figura la obligación de acreditar unas nociones básicas de catalán para obtener la primera renovación del permiso de residencia y trabajo.
Andorra tiene varias modalidades de permisos de residencia y el afectado es el que tienen la mayoría de trabajadores asalariados de origen extranjero que hay en el país.
'Youtubers' y trabajadores de temporada se libran
En cambio, la medida no afecta a los residentes pasivos -es decir, personas que van a Andorra a residir pero sin trabajar- ni tampoco a los permisos de residencia y trabajo por cuenta propia, que son, por ejemplo, los que usan los youtubers -entre ellos, varios españoles afincados en el país para eludir impuestos en España- o los trabajadores de temporada o fronterizos.
3.000 afectados en 2024
Según Bonell, el Gobierno andorrano estima que unos 3.000 residentes que deben renovar su permiso de residencia en 2024 se verán afectados por la obligación.
La ley también incluirá la exigencia mínima de hacer la salutación inicial en catalán en la atención al público y conocer el vocabulario básico de la profesión.
La ministra ha afirmado que los requisitos no buscan "impedir la llegada de nadie por razón de lengua", sino fomentar el aprendizaje del catalán una vez la persona ya reside en el Principado, además de "integrarlo" a la sociedad a través del conocimiento de la lengua oficial del país.
Creación de órganos de "política lingüística"
Para garantizar el uso de la lengua oficial, el proyecto de ley prevé la creación de dos organismos encargados de la llamada "política lingüística": la Junta de Coordinación sobre Lengua y Formación y el Consejo Nacional por la Lengua.
Además, el texto propone la participación del Consell General (Parlamento), el Gobierno y los comuns (ayuntamientos), con una administración técnica del departamento de Política Lingüística.
La normativa también hace alusión al uso del catalán en la Administración de justicia y en la resolución alternativa de conflictos, estableciendo el uso de traductores y intérpretes para las personas que no entiendan el catalán.
Sanciones
Por otro lado, hace referencia al uso de la lengua de signos catalana y se da "un paso adelante" en la modernización del lenguaje administrativo y de las comunicaciones públicas.
Finalmente, el texto actualiza las sanciones por incumplimiento de la normativa lingüística "con racionalidad y objetividad".