La inmersión, bajo la lupa: seis eurodiputados comprobarán si se margina el castellano en la escuela

El Parlamento Europeo tiene bajo la lupa el modelo de inmersión lingüística. Por ello, seis eurodiputados viajarán en diciembre a Cataluña para controlar si el castellano está arrinconado en las escuelas catalanas, tal y como denuncia la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).

La visita -que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de ese mes-, servirá para comprobar in situ "el impacto que el modelo de inmersión lingüística obligatoria en catalán tiene para los alumnos castellanohablantes, especialmente para los pequeños con necesidades especiales y los que se incorporan al sistema educativo catalán llegados desde otras comunidades autónomas, países europeos o extracomunitarios", ha expresado la entidad en un comunicado.

Cinco años después

La visita es el resultado de la queja presentada por la AEB a finales de 2017. En estos más de cinco años, la entidad que defiende el bilingüismo en las aulas ha aportado "documentación, testimonios y pruebas que demuestran la exclusión del castellano en las aulas catalanas y las perjudiciales consecuencias para la formación de los alumnos catalanes".

Desde la entidad confían en que esta visita "sea un punto de inflexión que sirva para acabar con el discriminatorio modelo de inmersión lingüística obligatoria en catalán que se fundamenta en razones políticas identitarias y nacionalistas, en ningún caso pedagógicas".

Debate sobre la lengua en el Congreso

"Estamos seguros de que los resultados y recomendaciones confirmarán el carácter perjudicial, injusto e ilegal del sistema educativo catalán" que se basa, a su parecer, en la exclusión del castellano, "lengua mayoritaria de los catalanes".

Foto de archivo del Congreso de los Diputados Europa Press

Esta noticia llega en pleno debate sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados y a la espera de que el Tribunal Constitucional(TC) se pronuncie sobre la legalidad de las leyes lingüísticas impulsadas por la Generalitat con la finalidad de soslayar la ejecución de las sentencias que obligan a aplicar, al menos, un 25% de castellano en horario lectivo.