Mazazo a Carles Puigdemont. El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido el recurso que presentó el expresident de la Generalitat y el exconseller de Salud de la Generalitat, Toni Comín, los dos fugados, contra la orden de detención que dictó el Tribunal Supremo por los delitos de desobediencia y malversación.
La decisión ha sido adoptada por el órgano de garantías por dos votos a favor y uno en contra. En concreto, los dos magistrados del ala conservadora César Tolosa y Concepción Espejel han rechazado el recurso, mientras que la magistrada del sector progresista, Laura Díez, quien ha disentido de la mayoría al considerar que la Sala de Vacaciones no debió resolver el asunto --sino el Pleno-- por no ser urgente la decisión sobre la suspensión de las medidas cautelarísimas y por considerar que, en su caso, el recurso de amparo debió ser admitido.
Llarena ordenó su detención
Cabe recordar que el magistrado del procés, Pablo Llarena, ordenó la detención del fugado, a la vez que acordó procesarle por los delitos de desobediencia y malversación agravada en el marco de la revisión que efectuó tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal que derogó el delito de sedición por el que en un principio de investigaba a Puigdemont.
El sargento de los Mossos Lluís Escolà (i) ejerció de escolta de Carles Puigdemont tras su fuga
El pasado junio, la Sala de Apelación del Supremo confirmó la decisión del juez al desestimar los argumentos de las defensas y de la acusación popular ejercida por Vox, que reclamaba aplicar el delito de desórdenes públicos agravados.
"Liar más procesalmente el asunto"
En la vista de apelación, la defensa del expresident pidió anular las órdenes nacionales de detención y revocar el procesamiento para "que se adapte el procedimiento a la realidad gestada por el poder ejecutivo y legislativo" porque "ninguno es responsable del desaguisado de una reforma penal deplorable".
Pero la fiscalía respondió que lo único que pretendían los rebeldes es "liar más procesalmente el asunto para seguir planteando nuevas batallas" en los tribunales cuando "todo este empantanamiento procesal no ha sido obra del tribunal, ni de la fiscalía ni de la Abogacía, ha sido obra de los recurrentes".
Fiscalía recurrirá
Horas después de la decisión de la Sala de Vacaciones del Constitucional, la fiscalía ha anunciado que la recurrirá en septiembre al considerar que no era urgente resolver ahora sobre este asunto.
Desde la fiscalía consideran que no era un asunto que requiriese resolución fuera del pleno del Constitucional que, cabe recordar, cuenta con una mayoría progresista a diferencia de la Sala de Vacaciones que cuenta con una mayoría conservadora.
Voto particular: "Se ha precipitado la decisión"
El auto de la Sala de Vacaciones ha contado con el voto particular de Laura Díez (del sector progresista), quien ha disentido de la mayoría. La magistrada ha asegurado que "se ha precipitado innecesariamente una decisión que no debió adoptarse en la Sección de Vacaciones", según consta en el escrito. A su juicio, el asunto debía resolverse en el pleno del TC.
Para Díez, la petición de medidas cautelares "no justifica por sí sola la resolución de asuntos por esta Sección, sino que deben concurrir las pertinentes circunstancias de urgencia que no concurren en este supuesto, ya que los recurrentes no se encuentran en el territorio afectado por las órdenes de busca y captura, pueden desarrollar sus funciones representativas fuera del territorio nacional y tampoco se encuentran en este momento privados de libertad".