La Generalitat de Cataluña ha dejado en suspenso la propuesta de sanción de 2,1 millones de euros que había impuesto a la empresa química Iqoxe de Tarragona, donde el 14 de enero de 2020 murieron tres personas a causa de una grave explosión, hasta que haya sentencia firme.
Iqoxe señala en un comunicado que ha recibido una comunicación por parte de la Consejería de Empresa de la Generalitat en el cual le comunica la suspensión del proceso sancionador por 2,1 millones de euros.
Fuentes de la Generalitat consultadas por EFE subrayan que, como ocurre con cualquier sanción que se impone con un proceso judicial abierto, la propuesta queda en suspenso y el expediente congelado a la espera de que se dicte sentencia firme.
Dichas fuentes señalan que la sanción a Iqoxe no ha sido "anulada", sino que ha quedado suspendida.
La jueza vio fallos de seguridad
A mediados de junio, la jueza de Tarragona que investiga la explosión de Iqoxe, que ha dejado a un paso de juicio a la empresa y a tres de sus directivos, concluyó que el accidente se debió a las "deficientes condiciones" de la fábrica, porque "priorizó" la rentabilidad sobre la seguridad.
Por su parte, Iqoxe recuerda en su comunicado que "es la segunda vez que este proceso sancionador acaba siendo suspendido por la Generalitat" con el argumento de que el caso está en pleno proceso judicial.
"Hoy la propuesta de sanción ha topado nuevamente con la advertencia de improcedencia de su procedimiento sancionador", alega la empresa, mientras que la Generalitat insiste en que dejar en suspenso una sanción mientras hay un proceso judicial abierto es una práctica habitual.