La alcaldesa de Sitges y ocho ediles, investigados por prevaricación, malversación y falsedad documental

La alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), es una de las investigadas en la presunta trama de corrupción gestada en torno al Ayuntamiento de Sitges. Así lo ha confirmado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha precisado que junto a Carbonell se investiga también a ocho concejales que ocuparon su cargo entre 2017 y 2022 y a cuatro particulares ligados a una cooperativa del municipio del Garraf.

El TSJC ha confirmado que la investigación, iniciada en mayo de 2022 y tutelada por el Juzgado de Instrucción 8 de Vilanova i la Geltrú a raíz de un informe policial en el que se alertaba de posibles irregularidades en el consistorio, trata de esclarecer si los ahora investigados cometieron delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, entre otros. En concreto, se investiga la actuación del Ayuntamiento de Sitges respecto la Taula del Tercer Sector y a una cooperativa de la población en la adjudicación de subvenciones y contratos menores.

Registros en locales y domicilios

Este miércoles la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está realizando varias entradas para intervenir documentación de interés para la causa relacionada con las entidades investigadas. Fuentes policiales han confirmado que es "esperable" que se encuentren materiales que sirvan como prueba o evidencia de los delitos de corrupción que se investigan y que es probable que se efectúen detenciones.

Los registros, que se están llevando a cabo de forma simultánea, se centran en los domicilios de los cuatro de los investigados relacionados con la cooperativa y también en locales del Ayuntamiento de Sitges.

Contratos fraccionados

La etapa que se investiga no abarca solo la gobernada por Aurora Carbonell (ERC), sino también la de su antecesor, Miquel Forns (CiU), que ocupó la alcaldía de Sitges entre 2011 y 2019. De hecho, fuentes conocedoras del caso aseguran que las presuntas irregularidades “eran conocidas y vienen de lejos”, en referencia al anterior gobierno municipal. 

Apuntan también a que el consistorio presuntamente fraccionó contratos para beneficiar a la Mesa del Tercer Sector Sitges-Garraf, que recibió 45.000 euros cada año en diversas ayudas y unos 75.000 euros más en concepto en contratos menores.