Cataluña sí teme a Vox: es la comunidad líder en eutanasias

Tras años de reivindicaciones de entidades y familias, el 25 de junio de 2021 entró en vigor la ley que regula la eutanasia en España. Dos años después, Cataluña se encuentra entre las comunidades autónomas con más peticiones para recibir la prestación de ayuda a morir. De hecho, el año de su puesta en marcha lideró el ránking de solicitudes. En 2022, según los últimos datos publicados por el Departamento de Salud, un total de 175 catalanes solicitaron la eutanasia y 91 de ellos la recibieron. 

Estas mismas entidades, que valoran de forma positiva el despliegue de la ley en Cataluña hasta la fecha, temen ahora que, si la derecha y la ultraderecha llegan al Gobierno tras las elecciones del 23J, el derecho a una muerte digna para quienes sufran "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable" deje de estar garantizado.

Vox promete derogar la ley

Vox, que desde sus inicios se ha mostrado contrario a la eutanasia, prometió derogar la ley "cuando los españoles" le den "su confianza", después de que el Tribunal Constitucional avalara la normativa y desestimara el recurso presentado por la formación de Santiago Abascal en junio de 2021 al considerar que esta ley es "una derrota de la civilización y una victoria de la cultura de la muerte".

Dicha normativa también contó con el rechazo del partido de Alberto Núñez Feijóo en el momento de su aprobación. De hecho, el dirigente del PP aseguró a principios de este mes que, si llega a gobernar, hará "ajustes" en la ley de eutanasia que el Gobierno de coalición aprobó en 2021. Aunque evitó aclarar si se tratará de una derogación en su totalidad o una modificación parcial de la ley, sí afirmó que se reunirá con las comisiones de bioética para pronunciarse al respecto.

"Sería una falta de compasión tocar la ley"

La presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente-Cataluña, Cristina Vallès, asegura a este medio que, aunque ve poco probable que la derecha llegue a derogar la ley de la eutanasia por su amplia acogida entre la población y el aval del Tribunal Constitucional, sí teme que estos “ajustes” puedan complicar todavía más el proceso a morir de muchas personas.

“No tendría ningún sentido tocarla. Esta ley no obliga a nadie a morir, es un derecho al final de la vida, sería una falta de compasión hacia las personas que sufren. Todos queremos morir en paz”, sentencia Vallès. Recuerda que, de acuerdo con las últimas encuestas publicadas, el 87% de la población española está a favor de despenalizar la muerte asistida y regularla con garantías.

Aumentan las solicitudes

Cuando se cumplen dos años de la aplicación de la eutanasia en España en ciertos supuestos, destaca el aumento de solicitudes para recibirla. En 2021, en el primer aniversario de la norma, decidieron terminar su vida mediante este procedimiento un total de 173 personas en toda España. En 2022, solo en Cataluña --a falta de datos nacionales--, solicitaron la muerte digna otras 175. 

Mientras que el despliegue de la ley está funcionando "de forma correcta" en comunidades como Cataluña, Navarra y el País Vasco, desde la asociación denuncian que otros gobiernos autonómicos no están facilitando que se pueda ejercer. Aseguran que acabar con la desigualdad territorial es una "cuestión de voluntad política". "Nos llegan casos tremendos de personas a las que les han denegado el derecho y que se han acabado suicidando", lamenta Vallès. Destaca, asimismo, que esta alternativa no es digna ni para las enfermos ni para sus familias.

Un sanitario da la mano a una persona apunto de morir FREEPIK

Los datos de Cataluña

De las 175 personas que solicitaron esta prestación en Cataluña, 55 murieron antes de concluir el procedimiento. El tiempo medio de resolución fue de 42 días, una cifra que desde la asociación consideran "correcta de acuerdo con la ley", pero "tremendamente larga" para las personas que sufren.

La mayoría de los solicitantes de esta ayuda sufrían enfermedades de años de evolución que afectaban en mayor o menor grado de autonomía, tenían una alta dependencia y necesitaban asistencia de otras personas en actividades básicas de su día a día. En concreto, un 36% tenían enfermedades neurológicas y un 34,85%, patologías oncológicas. La edad media de estas personas fue de 73 años, tanto mujeres como hombres.