Ni rastro del espionaje marroquí en el caso Pegasus. Si el pasado marzo, la delegación de eurodiputados enviados a España para examinar el posible hackeo de los móviles del presidente Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno, ahora la investigación del Parlamento Europeo sobre esta cuestión no aprecia prueba alguna de la implicación del régimen de Rabat.
El uso de programas de espionaje, como Pegasus, ha sido objeto de investigación por parte de la Eurocámara durante más de un año. La comisión especial de investigación, creada por el Parlamento Europeo, se enfocó en analizar el impacto del uso ilegal de este tipo de herramientas en la democracia, la sociedad civil y los medios de comunicación.
Audiencias internacionales
Durante la investigación, se llevaron a cabo varios estudios y audiencias con expertos y supuestas víctimas de espionaje en países presuntamente afectados, como Israel, Polonia, Grecia, Chipre, Hungría, y España. Tras un año de trabajo, la comisión presentó sus propuestas para abordar el abuso de los programas de espionaje en Europa.
El informe de la comisión de investigación destaca el impacto del uso excesivo de herramientas de espionaje en la democracia, la sociedad civil, y los medios de comunicación en varios Estados miembros de la Unión Europea. A su vez, en el párrafo 330 del informe, se indica que no hay pruebas que confirmen el uso de Pegasus por parte de Marruecos.
Coordinación con EEUU e Israel
La Eurocámara adoptó una resolución de recomendaciones, preparada por la comisión especial de investigación, en la que se hace un llamado al desarrollo de estándares a nivel europeo sobre el uso policial de programas espía. Además, se impulsa la creación de garantías de recurso a la justicia para las víctimas y se sugiere la implementación de un laboratorio europeo encargado de investigaciones y verificaciones técnicas en coordinación con terceros países como EEUU e Israel.
La aprobación de estas recomendaciones puede ser clave teniendo en cuenta que el uso ilegal de herramientas de espionaje es una amenaza para la democracia y el respeto de los derechos humanos, con graves implicaciones en la privacidad y libertad de las personas. Por ello, es fundamental que se establezcan regulaciones claras y eficaces que protejan a los ciudadanos y eviten el uso ilegal de estas herramientas por parte de entidades gubernamentales y privadas.